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El empresario andaluz como objetivo de ETA

Sucedió tal y como les cuento. Despacho de uno de los principales empresarios andaluces de la distribución comercial, sevillano para más señas, primavera de 1997. Toques en la puerta, entra el fotógrafo, al protagonista se le desencaja la cara. “Fotos a mí, no, por favor, si quieren, a los almacenes, a las tiendas”. El periodista trata de persuadirlo, qué sería de esta entrevista sin imagen del entrevistado, a quién asignamos sus palabras, ¿a unas estanterías? Él también bromea, es que soy muy feo, es que soy muy tímido, se reirán de mí, recursos esquivos que no convencen. Al final reconoce, esto no lo recoja en su periódico, que intentaba guardar discreción, la mayor posible, un consejo recibido desde las patronales porque la amenaza de secuestro por parte de ETA, aquí, en Andalucía, lejos del País Vasco, a un tiro de piedra de Madrid, pesaba en el aire. El miedo empresarial era real.

Estaba aún reciente el largo cautiverio del empresario José María Aldaya y también en la memoria, los de Emiliano Revilla y Luis Súñer, y en esos precisos momentos sufría la cruel falta de libertad el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El año anterior fue asesinado el empresario Isidro Usabiaga en Ordizia y apenas un par de meses antes de la citada entrevista, Francisco Arratibel en Tolosa. Sí, había miedo. Existía, además, el runrún de cartas de extorsión masivas a los patronos andaluces exigiéndoles, como a sus colegas vascos o navarros, el impuesto revolucionario, aunque nadie se atrevía a reconocerlo ni tampoco hay constancia de que se produjera claudicación y, por tanto, pago alguno. Sí, había miedo, una constante en Andalucía a lo largo de 28 años, los mismos desde que los etarras comenzaran a atentar en esta comunidad autónoma.

El consejo de las organizaciones patronales a los empresarios individuales era siempre el mismo, precaución, y ésta incluía no prodigarse en la prensa ni publicar en exceso datos económicos sobre sus compañías, puesto que mientras más importantes éstos, mientras más ricos ellos, más expuestos estarían a ETA. Los líderes de las organizaciones empresariales, por su parte, hacía acopio de escoltas y de medidas de seguridad, dado su prolija aparición en los medios de comunicación.

Cuentan que un grandísimo empresario tenía tanto pánico a un secuestro que durante un tiempo trasladó su residencia a Londres, se llevó a su familia, mujer e hijos, y desde allí volaba a Madrid y, sobre todo, Sevilla para atender unos negocios que, por cierto, tenían ramificaciones en los territorios vascos. Eran, insisto, relatos de mentideros periodísticos.

Aunque no de ETA, los empresarios andaluces ya habían sufrido en carne propia la sinrazón del terrorismo. A mediodía del 5 de septiembre de 1984, los GRAPO asesinaban de un tiro en la nuca al presidente de la patronal sevillana CES, Rafael Padura, en el interior de su negocio, una imprenta de la calle Luis Montoto. Fue un varapalo para el empresariado regional, que en aquella época comenzaba a articularse, a organizarse, y aún hoy Santiago Herrero, líder de la CEA, asegura que aquel fatídico día fue el peor de su vida de patrono.

El 30 de enero de 1998 la cercanía del terror se hizo aún más palpable con los asesinatos a bocajarro del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y de su esposa Ascensión García, y dos años y medio después, un 16 de octubre, caía abatido el doctor Antonio Muñoz Cariñanos también en el centro de la capital andaluza. En los papeles incautados a sus asesinos en la barriada de El Cerezo, aparecían nombres de políticos, consejeros de la Junta de Andalucía y empresarios, y aún recuerdo el malestar de uno de ellos cuando aquella información apareció en la prensa. “No es por mí, sino por mi familia, esa lista no se tenía que haber publicado sin nuestro permiso”.

A mediados de los noventa, además, ETA hizo de la Costa del Sol un objetivo prioritario. Quería que su violencia tuviera una mayor repercusión internacional por la afluencia de turistas. Bombas en Málaga, Torremolinos, Marbella. Trataron de volar el aeropuerto. La Comisión de Turismo de la CEA se afanó en llamar a la tranquilidad. Se estaba atentando a uno de los pilares de la economía andaluza.

Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo. Las constructoras andaluzas que han participado recientemente en grandes infraestructuras del País Vasco trabajaban con suma prudencia pues estaban allí, en territorio comanche, con la presión no sólo de los miembros de ETA, sino también, en el terreno laboral, de los sindicatos abertzales. Ir de la mano de compañías locales se hacía, de hecho, imprescindible.

El anuncio del fin de la violencia de ETA trae, pues, sosiego a todos. Poder dar la cara sin temor a la extorsión, el secuestro o el tiro en la nuca. Nuestro entrevistado la dio entonces. Se hizo la foto.

P. D.

La parva. Las amenazas de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, de buscar alianzas en la Unión Europea para paralizar la reforma de la Política Agraria Común propuesta por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, revela dos conclusiones. La primera, que está poco o nada ducha en negociaciones comunitarias. Y la segunda, que le quedan dos telediarios en el convento. Si hubiera rastreado un poco, podría haberse dado cuenta de cuán difícil le ha sido siempre a España bloquear una reforma de la PAC, tan difícil que no lo ha conseguido nunca, y menos ahora que no son quince sino veintisiete los Estados de la UE. Ya se demostró la semana pasada en el primer debate de la propuesta de Bruselas en el seno Consejo de Ministros de Agricultura, cuando quienes mandan, a saber, Alemania y Francia, comenzaron a verla con otros ojos y a considerar que no era tan mala, aunque sí mejorable.

La simiente. Entre tanta noticia económica negativa, hay que resaltar el crecimiento de la empresa Acquajet, líder en el mercado ibérico en distribución y comercialización de agua en fuentes refrigeradoras y de filtración de agua, que sigue creciendo tanto en ventas y clientes a pesar de la ya larga crisis económica. Ella presume de no estar nada de perjudicada. Once años tiene de existencia. 24 millones de euros de facturación para este ejercicio. Israel Miranda, andaluz, es el consejero delegado, uno de sus principales socios y artífice de la expansión nacional. De sus reflexiones sobre la prosperidad de su compañía nos quedamos expresamente con una. Habrá habido muchos despidos y expedientes de regulación de empleo en nuestro país, dice, pero al menos las empresas no les quitan el agua a sus trabajadores, sino que están concienciadas de que hay que “hidratar” la jornada laboral. Qué menos que agua…

La paja. Del varapalo de la devolución de las competencias de la cuenca del Guadalquivir al Estado, la Junta de Andalucía, y especialmente el PSOE, deberían al menos aprender que hay que escuchar a los empresarios y regantes y, por tanto, a las cosas de la economía y del dinero, y no dejarse sólo llevar por el sentimentalismo y la absurda estrategia política de acusar de antiandaluz a quien no lleve en su sangre el río. Desde la Consejería de Medio Ambiente juran y perjuran que, durante el tiempo en que las competencias han estado en poder autonómico, no se ha dejado de invertir ni un solo euro. En cambio, parte de los regantes (Feragua) y parte también de los agricultores (Asaja) dicen que ha habido una auténtica parálisis en la gestión de la cuenca. Permítanme que me quede a medio camino y predecir, además, no pocos recursos contra las decisiones adoptadas y las decisiones no adoptadas durante ese periodo.

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Don funcionario (el de arriba)

Se acerca un exalto cargo, o exaltísimo cargo para más señas, a un corrillo de periodistas, un confesionario siempre proclive tanto a las intoxicaciones como a las verdades políticamente incorrectas que, quizás por cobardía, prefieren no lanzarse en las ruedas de prensa. Desembucha el también expolítico que buena parte de la culpa –aunque el mea, que conste, también lo entona– de las trabas burocráticas y de la complejidad administrativa soportadas por las empresas y que dificultan, pues, su actividad se debe al funcionario de turno que se arroga el derecho, porque se lo arroga, de emitir su propio informe y, en no pocas ocasiones, con su personal criterio, sobre cualquier proyecto que cae sobre su mesa e, incluso, sobre la mesa del compañero, trae para acá, que quiero opinar y garabatear mi firma. No se estaba refiriendo el prócer, por supuesto, al funcionario currito, ése que conforma mayorías, sino a quienes, escala superior, han sembrado su pequeñita parcela de poder, de aquí no me mueven, pequeñita pero cuyo peaje es lo suficientemente indispensable como para hacer la jodienda.

Merece credibilidad plena tal comentario al ser pronunciado por un hombre clave en la historia de la autonomía andaluza y, por tanto, para la maraña administrativa que la acompaña. Sus palabras, además, avalan los lamentos de Santiago Herrero, presidente de la patronal regional, cuando dice encontrar “voluntad política” para simplificar los múltiples trámites que atenazan a las empresas aunque, a la hora de la verdad, los proyectos se enredan en la hojarasca burocrática y en unos funcionarios que, en no pocas ocasiones, interpretan las normas, en especial las relacionadas con el medio ambiente, según les dicta “su corazón”.

No por tener razón dejaba de admitir un gravísimo error ese exalto cargo de la Junta de Andalucía. ¿Quiénes han permitido y, a estas alturas, aún permiten que este todopoderoso funcionario haga y deshaga a su libre albedrío dentro del que considera su coto vedado al prójimo, aquí ni entres, y no sea, pues, metido en cintura? La respuesta no puede ser otra que los máximos responsables de las administraciones públicas, estatal, autonómica, provincial y local, y por dos motivos muy evidentes: primero, por dejación de funciones, dado que son plenamente conscientes de la existencia –a perpetuidad– de un celo administrativo no autorizado que obstaculiza el desarrollo empresarial; y segundo, porque son ellos mismos los que impulsan y conciben leyes, decretos u órdenes que regulan tanto las materias como la actividad y el funcionamiento internos de los distintos departamentos administrativos, de ahí que se impone la necesaria claridad y transparencia para no dejar margen alguno a interpretaciones personales ni, por supuesto, sentimentales.

La lentitud, que exaspera, la complejidad, que enreda, y la incongruencia, que sorprende y conduce al hartazgo, afloran sobre todo cuando los proyectos empresariales han de pasar las cribas de las normas urbanísticas y medioambientales, con informes y contrainformes y exigencias después modificadas o complementadas que se comen años y años, e incluso décadas, de espera, ahí quedan como ejemplo pasado el complejo minero sevillano Cobre Las Cruces y como ejemplo presente y aún no ejecutado –a saber cuándo– el dragado del cauce del río Guadalquivir.

No se trata, ni muchísimo menos, de restarle ni un ápice de rigurosidad a la aplicación de las normas, pero el entorno económico actual, marcado por una larga crisis de cuya salida no se atisban noticias, impone el sentido común de agilizar lo máximo posible la tramitación de los proyectos empresariales, decirles sí o no cuanto antes, para que los esfuerzos –y el dinero– no se pierdan por el camino. De hecho, no estaría mal que se concibiera la figura del cicerone administrativo que condujera al empresario por la tela de araña de la burocracia y lo acompañara hasta la ventanilla oportuna.

Escudarse en el funcionario no me vale como argumento. En absoluto. Primero, si hay constancia de exceso de celo e incluso de abuso, su inmediato jefe debe exigirle responsabilidades y, en última instancia, el alcalde si se trata de un ayuntamiento, el presidente si es diputación, el consejero si es consejería, el ministro si es ministerio. ¿No ocurre así en la empresa privada? Segundo, no sólo existe la parcela de poder del funcionario, también los muros que levantan las administraciones territoriales, cuya coordinación es perentoria. Y tercero, la crisis está revelando, más que nunca, que hace falta mucha gestión y no tanta política. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la connivencia de unos y otros y a la muerte de compañías, sea ésta prematura, sea por inanición.

P. D.

La parva. COAG de Andalucía ha ganado a su eterna rival Asaja de Sevilla un juicio por la cesión a esta última patronal el edificio de la antigua Cámara Agraria Provincial de Sevilla. La asociación que preside Ricardo Serra la recurrirá, como era previsible, al sostener que ella es la que tiene la mayor representación del campo en la provincia y, por tanto, conforme a ley, le corresponde tal cesión por parte de la Consejería de Agricultura. Al margen de los argumentos de una y otra organización, lo curioso es que COAG, al hacer público el fallo judicial, se confunde de edificio, no está en la calle Amor de Dios, sino justo en la paralela, Trajano esquina con Plaza del Duque. En Amor de Dios se ubica la antigua sede de Cruz Roja, que nada tiene que ver con la Cámara Agraria. En lo único que coinciden es que ambos son dos valiosos y deseados edificios, en especial el verdadero. Habrá sido un lapsus.

La simiente. Lo mejor de los planes de reforma de la Política Agraria Común concebidos por la Comisión Europea es que suscita un rechazo generalizado no sólo en España sino en varios de los países que realmente mandan, léase, Francia y Alemania. El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se topa con una oposición que parte incluso de la Eurocámara, que tiene ahora –antes no– poder de codecisión sobre la nueva PAC. Ciolos, quizás por sus orígenes, ha propuesto una reforma que beneficia en exceso a los países del Este de Europa, los recién incorporados a la Unión Europea, en detrimento de los del Centro, Francia y el arco mediterráneo. Vamos, que se le ha visto el plumero con esa tasa plana que, a la larga, llevaría la igualdad en los pagos a todos los socios de los Veintisiete. Una cosa es la igualdad y la solidaridad y otra olvidarse de quiénes producen más y quiénes menos.

La paja. La reforma de la Política Agraria Común propuesta por Bruselas recoge la tasa plana por hectárea, es decir, un pago base por igual para todos los agricultores, ¿verdad? De semejante polémica tasa habló este periodista hace dos años porque venía recogida en un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente –en teoría, también de Agricultura–. El entonces secretario general de este departamento, el catalán Josep Puxeu, dijo, durante unas jornadas agrarias en Sevilla, que el periodista, éste que firma, estaría fumao al escribir de semejante propuesta, porque el Ministerio no la compartía. No la comparte ahora, porque aquellos papeles partieron del propio Ministerio y cosechó el rechazo rotundo de la Consejería de Agricultura de Andalucía y de las organizaciones agrarias de la comunidad, el mismo rechazo que suscita hoy en todos, incluido el propio Puxeu.

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Quiero ser cajero

Soy tonto, diría incluso que más que tonto, tontísimo, ¿Qué hago yo aquí, con todo lo que se trabaja en un periódico, si podría haber entrado en una caja de ahorros, cualquiera de ellas, por méritos propios o por los ajenos que otorga el carné de partido vía esta última que no requiere siquiera sacrificios, haber dado codazos o rendido pleitesía a las siglas políticas para ascender, haber practicado la ley del mínimo esfuerzo, eso sí, en coche oficial, haber arruinado la entidad y, pese a todo, haber recibido indemnizaciones millonarias al pactar mi despido? Sí. Las cajas deben ser las únicas empresas del mundo con origen y filosofía social –filosofía, dejemos al margen la práctica, que esos árboles de la Obra Social no oculten aquel bosque de la estrategia bancaria pura y dura– que te hacen rico por llevarlas al borde de la quiebra, sólo al borde, aquí llega papá Estado a rescatarlas, qué sería de nuestros ahorros si no lo hiciera.

Las escandalosas indemnizaciones en Caja del Mediterráneo (CAM) y, sobre todo, en Novacaixagalicia, de las que buena cuenta nos han dado los compañeros de El País, podrán estar revestidas de toda la pulcritud legal que se quiera, no soy quién para ponerla en duda, pero son injustas e inmorales porque se conceden a individuos que, con su mala praxis, han arrastrado a las entidades al rescate, a la nacionalización.

Me podrán alegar que se aprobaron recientes cambios normativos que las obligaban a reforzar su capital y que, ante la crisis económica y financiera internacional, no han podido, no han encontrado dinero. Sí, de acuerdo, pero el problema no estriba en tales modificaciones impuestas por el Gobierno, sino en arriesgadas estrategias bancarias pasadas, de excesos inmobiliarios y escasos miramientos hacia la solvencia, estrategias de las que ellos, esos ejecutivos ahora ricos, fueron cómplices. E incluyo aquí otro pero: si, al final, no han conseguido captar en el mercado los fondos adicionales privados exigidos por el supervisor, será por la gran desconfianza labrada entre los inversores, recelosos de qué podrían guardar bajo la alfombra.

Me aventuro aquí a lanzar una teoría de las que duelen, y mucho. Semejante cautela de los inversores hacia la mayoría de las cajas, salvo honrosas excepciones, guarda estrecha relación con el hastío de la sociedad hacia la clase política, que, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, es, a juicio de la población, el tercer problema más grave que revela nuestro país, tras el paro y la situación económica. No en vano, repletos de políticos están todavía los consejos de administración de estas entidades, para, que, junto a los trabajadores (sindicalistas) e impositores (resulta vergonzoso cómo se reparten los sillones de éstos entre unos y otros), todos nos creamos, ni que fuéramos ilusos, que representan un modelo social de banca.

Después, a la hora de la verdad, esos consejeros firman los documentos, las cuentas, los créditos, los balances, las actas, como quienes garabatean aburridos un papel, y tras finalizar las reuniones ponen la mano para cobrar las dietas, loadas sean para completar sus ¿pobres? sueldos de alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese usted, querido lector, que, siendo consejero de una caja, le han convocado a un consejo ordinario, por cuya asistencia le pagan mil euros (tirando muy pero que muy a la baja), y minutos más tarde se clebra otro con carácter extraordinario, con vale al portador por otros mil. El caché: por unas horas, dos mil euros sin levantar siquiera el culo del asiento.

Clama al cielo, por tanto, que unos, políticos, y otros, sindicalistas, se rasguen ahora las vestiduras por las indemnizaciones de los exdirectivos de las cajas, cuando, al menos en teoría, existen en estas entidades financieras órganos de control sobre los emolumentos comprometidos con la cúpula, órganos donde los traseros de aquéllos también reposan. Vayan al Informe de Gobierno Corporativo de Novacaixagalicia. Detalla las funciones de su Comisión de Retribuciones, entre otras la de informar al Consejo de Administración sobre, dice, “la política general de retribuciones e incentivos” para sus miembros y personal directivo. Escama esta expresión de “informar sobre la política general”, ¿verdad? Mucho me temo que aquí, como en otras cajas, haya sido un coladero por el que, a buen seguro, se ha escapado la “política concreta”, la que habría de detallar, para mayor transparencia y evitar futuros excesos, los euros que cobra cada uno, con sus céntimos incluidos.

Como lo fácil, por supuesto, es expurgarse y buscar un chivo expiatorio, ahí tenemos a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, sea él diana para los dardos de políticos y sindicalistas. Sin duda, reforzar la vigilancia por parte del supervisor hubiera sido plausible, pero tampoco cabe poner un policía tras cada uno de los directivos de las cajas para ver cuánto se embolsan, teniendo en cuenta que ya hay órganos de control internos en las entidades y se presupone, pues, que han de tener la total confianza tanto de éstas como del propio regulador, existiendo, además, otro filtro, el de las administraciones autonómicas, que tutelan a las cajas. ¿Y la Xunta de Galicia y la Generalitat Valenciana claman solamente contra Fernéndez Ordóñez? Un poco de autocrítica, por favor, a ver si vuestro papel sólo va a consistir en colocar a vuestros políticos en los consejos de administración y asambleas generales.

No. Lo de que quiero ser cajero lo decía con suma ironía. Tras los escándalos a los que estamos asistiendo y en medio de tanta crisis como la que tenemos encima, va camino de convertirse en sinónimo de aprovechado. Vaya reputación. A ver cómo las cajas remontan su imagen…

P. D.

La parva. Cubos llenos de hielo picado con cinco botellines de cerveza a tres euros, los domingos diez por el mismo precio. Es una agresiva campaña de una cadena de cervecerías, que de tapeo ofrece raciones de maricos, siendo también dobles los jueves por el mismo precio. La siguiente pregunta va para los directivos de Heineken España y, en especial, para los comerciales responsables de Cruzcampo. ¿Os creíais que Sevilla iba a ser eternamente fiel a esta marca por muy histórica que sea para la sevillanía? La crisis económica ha demostrado que no, que los ciudadanos de a pie miran por su bolsillo y los propietarios de los bares, además de por el bolsillo, por el servicio. En época de la Feria de Abril ya lo avisé en una entrada del blog La Siega. Cerveceras de fuera estaban entrando, y con fuerza, en un coto hasta ahora vedado como era el de las casetas.

La paja. El desprecio con el que se trata a Andalucía desde los políticos una vez más, los políticos de CiU merece, como se ha hecho, una reprobación por parte del Parlamento andaluz, donde reside la voluntad soberana de este pueblo. Como siempre, revelan su ignorancia sobre esta tierra y, en el caso concreto del PER, sobre las características de su agricultura. Dicho esto, y sin ánimo de dar pábulo a quien utiliza la altanería para ocultar sus propias carencias, sí creo que, tras tres décadas, el sistema del subsidio agrario requiere una reforma, y no tanto para quitar ni reducir la prestación (poco más de 400 euros al mes) como para ofrecer políticas activas de empleo (cursos de formación) efectivas para los jornaleros del campo. Parece mentira que, después de esas tres décadas, aún tengamos que estar dando explicaciones a terceros sobre el PER y su justificación.

La simiente. Durante una jornada sobre distribución comercial organizada por la Unión de Consumidores (UCA-UCE) de Andalucía y el Foro Interalimentario en Sevilla, fue gratificante escuchar cómo uno de los personajes más combativos contra los “excesos” de las compañías de supermercados e hipermercados, Eduardo López, actual secretario de Organización de la asociación agraria COAG-A, reconocía que en esta larga guerra librada entre los agricultores y las cadenas no cabe meter a todas en el mismo saco, sino que hay buenas y malas, unas que aprietan más al campo, otras que aprietan menos y procuran jugar a ganar-ganar, y no a ganar-perder. Hasta ahora, las organizaciones agrarias suelen hablar de la distribución en general. A ver cómo reaccionan las cadenas cuando se vean reflejadas con nombres y apellidos, como las que se citaron precisamente en ese encuentro.


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Dos tardes con Rubalcaba

De tantas fortuitas lecciones de economía a las que estamos asistiendo en precampaña electoral, me quedo con una magistral del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su enseñanza, después ligeramente matizada al darse cuenta, por mediación de terceros, seguro, de que había sugerido, que no dicho, un disparate, consiste en sembrar dudas sobre si España se está pasando en su dosis de recortes y ahorros presupuestarios y si tan dislocada tijera, corta aquí y allí, terminará minando el crecimiento y la creación de empleo.

De entrada, resulta cuanto menos curioso que extienda las sospechas quien accedió finalmente a respaldar la reforma urgente de la Constitución para establecer un límite al déficit –y, consecuentemente, al endeudamiento– de las administraciones públicas, habida cuenta de que en este país de reinos de Taifa o el control de los dineros se impone por fuerza legal mayor, ésa que viene de la Carta Magna, o las autonomías ejecutan su real gana. Esta incongruencia de Rubalcaba, vamos a dejársela pasar, seamos comprensivos, estamos en campaña y en ella los individuos políticos son así, dicen Diego donde dijeron digo, no preocupa tanto como el hecho de haberse aislado, cosas de los mítines y del hablar por hablar, del gravísimo contexto europeo en el que estamos, con Grecia bordeando la bancarrota y una población helena sufriendo cada vez más y más sacrificios.

Me pregunto, por tanto, si no será mejor quedarse ahora largos en los recortes y ahorros que lamentar, como los griegos, habernos quedado cortos. Seguro que un sudor frío, aún peor que el caliente, recorrió todito el cuerpo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el constante azote de los especuladores –ésos que eufemísticamente conocemos como mercados– y el encarecimiento de la deuda pública le obligaron el pasado agosto a interrumpir sus vacaciones durante unas horas en las que España parecía que se arrastraba irremediablemente hacia el abismo. Sus ojeras, hasta los pies, eran reflejo de la preocupación existente, a ver si se cree Rubalcaba que los tiburones, a una voz de ordeno y mando, se han alejado de las aguas nacionales sólo porque él quiere, a partir del 20-N, capitanear este barco.

Tras las dudas hechas públicas por el aspirante, vamos incluso a tenerle que agradecer a la canciller germana, Angela Merkel, sus declaraciones alabando el esfuerzo del Ejecutivo español para capear el temporal, aunque a uno, escéptico donde los haya, le surgen sus propias dudas sobre si la señora lanzó loas de verdad o de mentirijillas, en un intento de frenar una crisis que amenaza a toda la Eurozona, incluida Alemania.

De todas formas, si Rubalcaba está convencido de que son excesivos los recortes, supongo que se referirá a los sociales, sosteniendo, así, su argumento electoral de que sólo los del PP, ricos ellos, quitan a los trabajadores, pobrecitos de nosotros, como si no hubiera sido un Gobierno socialista, del que él era ministro, el que rebajó el sueldo a los funcionarios, congeló las pensiones y eliminó otras ayudas estatales para el pópulo (el cheque bebé, por ejemplo) y como si no hubieran sido los gobiernos socialistas los que comandaron comunidades que hoy se las ven y se las desean para poder cuadrar sus cuentas, no solamente Castilla-La Mancha o Extremadura, sino también Cataluña. Eso sí, la mala gestión del dinero de los contribuyentes no es patrimonio ni de unos ni de otros, y todos los partidos tienen herencias por las que callarse. En cambio, del candidato Alfredo, así gusta que le llamen, no he percibido especial interés en atacar los gastos superfluos de las administraciones públicas, precisamente donde cabría aplicar más la esquiladora para evitar que, a la larga, ésta no siga rapando la cabeza de los trabajadores.

Y siguiendo con las lecciones que nos ofrece la contienda electoral, Rubalcaba parece erigirse en sucesor de la fallida refundación del capitalismo que en su día, en tiempos en los que afloraron las vergüenzas de quienes nos condujeron a la crisis, concibiera el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Así se desprende de sus promesas –subir impuestos a los ricos, tasas para la banca, paridad en las cúpulas directivas de las empresas, etcétera–, que suenan añejas en un partido, el PSOE, que si no las puso en marcha antes, qué credibilidad merecen en una España intervenida de facto.
No. La economía no se aprende en dos tardes, las que en 2003 aconsejara el secretario de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, al entonces candidato Zapatero. Así le fue a Sevilla, así le ha ido a Zapatero, ¿así le irá a Rubalcaba?

P. D.

La parva. Cuando a un político le sacan de su entorno natural, compuesto por su despacho, el Parlamento y las ruedas de prensa, para buscar la foto en campaña electoral al final termina como elefante entrando en una cacharrería. Le sucedió este pasado fin de semana al presidente del PP andaluz y candidato por este partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, quien acudió a una finca sevillana donde se recolectaba aceituna de mesa. Con qué suavidad sus manos tocaban el fruto, cómo se notaba que en su vida ha recogido la oliva como sí lo hiciera su antiguo compañero de partido y de ministerio Manuel Pimentel. Me recordó al excomisario europeo de Agricultura Franz Fischler cuando, en plena reforma de las ayudas al olivar, lo sacaron de su despacho, lo trajeron a Andalucía y se llevó a la boca una aceituna verde recién cogida del árbol. Su rostro fue entonces un poema al asco.

La simiente. Desde hace dos años, el lobby español de empresas de gran consumo AECOC, aquí están desde Mercadona hasta Coca-Cola, pasando por Alcampo, Nestlé o Nutrexpa, tenía reservado el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para celebrar un congreso de directivos, en la creencia de que las obras de ampliación del recinto estuvieran terminadas porque movilizará a unos mil directivos. No ha sido así, Fibes aún es lo que es, y la organización se afana estos días en orquestar el evento en mucho menos espacio. Al margen del contratiempo, que AECOC considera solucionado –su principal preocupación era dar de comer a mil personas dentro del palacio–, el que se traiga a Sevilla un evento de tales características es una semilla para asentar la ciudad como destino de congresos, imagen que necesita para amortizar las instalaciones que se están ampliando.

La paja. Tiene esta Junta de Andalucía una habilidad pasmosa para meterse en berenjenales laborales de los que, al final, sale escaldada: Santana Motor, Cárnicas Molina, Delphi, Astilleros de Sevilla y Astilleros de Huelva. La Consejería de Economía está alargando todo lo que puede la defunción de la factoría naval hispalense, estamos en vísperas electorales, no encuentra inversores que se hagan cargo del reinicio de la actividad y seguir con su gestión en estos tiempos se antoja complicado, más nóminas que pagar y créditos para retomar los barcos. Pero recientemente otra empresa le ha salido rana, la tecnológica Ezentis, en la que desembarcó para que siguiera invirtiendo en la comunidad y vender que esta cotizada se traía su sede social a Sevilla. Varias de sus filiales suspenderán pagos y la matriz requiere una ampliación de capital, que exige más aportación de la Junta de Andalucía.

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