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Cuando Rumasa era mi querida Rumasa

A principios de 2008 Nueva Rumasa anunciaba la compra, a golpe de un talonario basado en el endeudamiento financiero, de la bodega jerezana Valdivia y del hotel anexo, cuyo anterior propietario, que se autocalificaba de un enamorado del vino, recuperó la histórica marca y restauró el cortijo precisamente para venderlos, más amor da el dinero que un caldo. Me sorprendió aquella operación porque revelaba, ante todo, que los Ruiz-Mateos, en su afán por reconstruir su imperio empresarial, estaban dispuestos a pagar duros por pesetas, si bien es cierto que aún se vivían los últimos coletazos del boom económico.

El grupo, sin embargo, apuntaba maneras desde mediados de la década, con el viejo estilo de desestabilizar el accionariado de empresas familiares agroalimentarias anunciando, a través de la prensa, su intención de adquirirlas, procurando seducir a quienes, dentro del capital, padres, hijos, primos, sobrinos, cuñados, y como en cualquier casa, son más proclives al dividendo que a la reinversión de las ganancias.

Ocurrió, por ejemplo, con la compañía González Byass, la del Tío Pepe, que finalmente declinó una oferta en la que Rumasa estaba dispuesta a pagar más incluso que el volumen de facturación de la bodega, un canje empresarialmente inédito. Ocurrió, también, con el grupo sevillano Ybarra que, ante la deficiente gestión interna y una sonora disputa entre sus accionistas, encontró en la aceitera Migasa a su salvador. Y ocurrió, más recientemente, con SOS, la dueña de los aceites Koipe y Carbonell, que, tras los problemas con los hermanos Salazar, sus antiguos administradores, lanzó una opa que, sin embargo, ya pocos se creían.

Mientras, las reiteradas advertencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuidado, decía, que los programas de pagarés de Rumasa no están sujetos a control, a ver, inversores, qué hacéis, quitan razón a quienes ahora se lamentan de qué pasará con su dinero, y también a varios cargos del PP que, a río revuelto, critican al Gobierno porque, alegan, no ha hecho lo suficiente para evitar una cuasi bancarrota que pone en peligro una decena de miles de puestos de trabajo en todo el país. Y aquí quería llegar yo.

A no pocos ejecutivos regionales, y recordemos que el holding está en media España, la familia Ruiz-Mateos les ha servido como salvadores de empresas en crisis y, por qué no, como quítame este conflicto laboral de aquí, qué respiro. Ahí están los casos del cese de actividad de Central Lechera Asturiana, cuya fábrica sevillana alquiló Clesa y que ahora quiere soltar precipitadamente, o de Primayor en Jaén, la heredera de la antigua Cárnicas Molina, que bastantes sofocones dio a la Junta de Andalucía y a los consejeros que de esta provincia procedían, sobre todo a Gaspar Zarrías.

Aquí estriba el porqué de las livianas declaraciones de los gobiernos autonómicos respecto a la crisis de Nueva Rumasa, con la que aún tienen comprometidos incentivos, como es el caso del andaluz para la fábrica de platos preparados prevista en Jaén. ¡Si hasta hace pocos meses negociaba con el Ejecutivo extremeño la compra de un matadero en el sur de Badajoz!

El emporio de Nueva Rumasa es muy grande y especialmente importante para la industria agroalimentaria. Menos mal, respiremos, que no se quedó con González Byass, Ybarra y SOS, pues entonces el mal hubiera sido todavía mayor. En los cuatro meses de plazo que tiene el grupo para renegociar con sus acreedores, que es el periodo de tiempo que le concede la legislación concursal, a la familia sólo le cabe poner sobre la mesa salidas reales, y no castillos de arena que, con el tiempo, se desmoronan, y en este caso llueve sobre mojado, 28 años se cumplen de la primera debacle del holding.

Primera alternativa, la entrada de fondos de inversión internacionales, y ya sabemos cómo actúan, quieren rentabilidad, y eso implica limpiar. Fuentes de la industria agroalimentaria sentencian. “Este grupo está laboralmente sobredimensionado”. Es decir, que sobran trabajadores. Pero, ¿quién se sigue fiando de los actuales gestores, los Ruiz-Mateos? Segunda alternativa, vender el imperio por partes para obtener caja y, así, pagar a la banca, a los proveedores y a la plantilla. La cuestión es si existen inversores con capacidad para comprar. “Los hay. Recordemos la operación de Ebro Foods en SOS”, relatan. Y tercera y última alternativa, un acuerdo con los acreedores, en especial con bancos y cajas de ahorros, salida, por lo demás, harto compleja, dado que las entidades financieras nos están acostumbrando últimamente a no aceptar las renegociaciones de deuda.

P.D.

La parva. El discurso de Santiago Herrero ante la asamblea de la patronal andaluza CEA tenía un contenido empresarial y laboral relevante, pero se perdió en la novedad del distanciamiento del Gobierno regional y el desplante a los actos institucionales del 28-F. Vaya por delante que no me ha gustado esta última decisión, por mucha razón que tenga el patrón al asegurar que hay empresarios de sobra que merecen el reconocimiento de una medalla de Andalucía, como también la merecen los sindicalistas que, día a día, defienden los derechos de los trabajadores, y no he visto ningún feo que parte de CCOO y UGT al día de los andaluces. En fin, volviendo al discurso, Herrero habló de una reforma laboral más en profundidad, de que el reciente pacto social, que rubricaron el Gobierno, los sindicatos y la propia CEOE, tiene más promesas que compromisos, y de que el acuerdo de moderación salarial podría saltar por los aires si la inflación sigue descontrolada.

La simiente. Bienvenida sea la apertura del nuevo centro comercial de Sevilla Este, aunque parece que han puesto primero la carreta antes que los bueyes, ya que el crecimiento urbanístico previsto sólo se nota en las grúas, los bloques a medio construir y los construidos pero desérticos. El barrio de Alcosa gana vida, y mucha.

La paja. Lo siento, pero aquí queda esto. Al tiempo que soluciona conflictos laborales, a la Junta de Andalucía, en concreto a su Consejería de Economía, se le va a quedar el sambenito de asumir empresas en crisis con la intención de reflotarlas y buscarles socios pero, al final, se ve en la obligación de cerrarlas al no conseguir ni una cosa ni la otra. Sucedió con Astilleros de Huelva, sucedió con Santana Motor y puede suceder con Astilleros de Sevilla. Tantos años, incluidos los del boom económico, rastreando un socio para la compañía automovilística linarense y anunciando que estaba cerca… Menos mal que las empresas que sustituirán, en una mínima parte, la actividad de Santana están más amarradas que en Deplhi. Y menos mal que el grifo del dinero público para las prejubilaciones sigue abierto, pese a la que está cayendo, la reforma de las pensiones y los escándalos de los ERE.

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Ser o no ser productivo (y cobrarlo)

La productividad, y todo gracias a Angela Merkel, se convierte en un nuevo campo de batalla de las relaciones laborales con miras a la reforma de la negociación colectiva (de los convenios entre la empresa y los trabajadores, que incluyen desde los salarios hasta los horarios, pasando por la flexibilidad interna y la movilidad de la plantilla) prevista para los próximos meses en España. Que los sueldos suban o no conforme a la inflación ha centrado el debate, pero aquel concepto arrastra más implicaciones.

De entrada, la productividad, ¿qué es? Pues la relación que existe entre la cantidad producida y el volumen de recursos para obtenerla. Al trasladar ese concepto al trabajador hablamos del rendimiento de éste, es decir, cuánto produce y con cuántos recursos en una unidad de tiempo determinada.

Todas las empresas, al menos en teoría, buscan maximizar esa productividad para cosechar los mayores beneficios posibles, y si la ratio crece, se hacen más atractivas para los accionistas propios y para los inversores, aumentan en competitividad -serían, pues, mejores que otras para unos mismos bienes y servicios- y pueden, por ende, abrir nuevos mercados y, por último, tienen mayores facilidades para generar empleo y mejorar los salarios. Pero precisamente aquí radica el temor de los sindicatos: que se alegue este concepto -y necesidad- para eliminar puestos de trabajo.

No quiere decir que haya que producir más y más, sino hacerlo con calidad, y con ahorro de los recursos que antes se utilizaban innecesariamente. Y no sólo depende del empleado. Si una compañía no se suma al progreso tecnológico, difícilmente podrá ser competitiva con sólo exigirle más y más a la plantilla.

Si la productividad de un país aumenta por debajo de la de sus competidores y, para colmo, los precios (inflación) suben por encima, el resultado no es otro que una pérdida de competitividad. Antes, ésta se solucionaba con las devaluaciones de la moneda -la peseta, en nuestro caso- pues así los productos se hacían más baratos y aumentaban, pues, las exportaciones. Aquí encontramos, por ejemplo, la actual guerra de divisas entre China y el resto del mundo, y la acusación de que el gigante asiático mantiene barato el yuan, su moneda nacional, para que sus ventas al extranjero no se dañen, al tiempo que se frenan sus importaciones desde terceros países.

El problema estriba en que ningún socio de la Eurozona puede devaluar la divisa común, el euro, de ahí que la búsqueda de la productividad deba ser real a la vez que acompasar los salarios al incremento de ésta. No cabe la posibilidad de jugar, como antaño, con el sistema de cambio. El sacrificio se hace mayor tanto para las empresas como para los trabajadores.

Tradicionalmente en España el crecimiento de los sueldos ha estado estrechamente vinculado a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados, a través de las cláusulas de revisión salarial subir la nómina si el índice de precios lo hace más que la previsión oficial o por encima de un nivel previamente pactado entre empresa y plantilla, aunque cada vez hay más presencia del concepto productividad condicionando al menos una parte de la subida de la retribución. Así consta en los llamados complementos por objetivos, productividad o beneficios, entre otros.

Pero vayamos a las estadísticas. Un informe de Funcas -servicio de estudios de las cajas de ahorros- revela que los costes salariales por empleado (incluye no sólo los sueldos, sino también las cotizaciones sociales de carácter obligatorio) aumentaron en España el 41,9% durante el periodo 2000-09, hasta 34.395 euros corrientes (sin contar con el impacto de la inflación) de media por trabajador. En cambio, la productividad lo hizo un 11,42%, es decir, tres veces menos.

No obstante, los sindicatos y las patronales rubricaron el año pasado un pacto de moderación salarial para el actual entorno de crisis económica, y que durante 2010 y enero de 2011 se está cumpliendo, pues los sueldos han subido por debajo de la tasa de inflación -en concreto, un 2,98%, frente al 3,3% de IPC del primer mes del ejercicio en curso-. Asimismo, la reforma laboral aprobada el verano pasado facilita la cláusula de descuelgue, es decir, que una empresa en dificultades no aplique el convenio de su sector y, por tanto, el incremento de retribuciones previsto en él.

Pero la mecha encendida por Merkel, pese a las reticencias del Gobierno español -el ministro de Trabajo recuerda que ya se toma en cuenta la productividad-, entrará en el debate de la reforma de la negociación colectiva, que, en opinión de los expertos, es la gran reforma pendiente. Y como las otras, corre prisa.

P. D.

La parva. Antonio Pulido y Enrique Goñi, copresidentes de Banca Cívica, la entidad surgida de la fusión fría entre Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, dedicaron en su rueda de prensa de ayer en Madrid excesivo tiempo, más del que hubieran deseado, a dejar claro que forman una buena pareja, y que este matrimonio de presidentes durará hasta que Dios quiera. “Dos bien avenidos mejor que uno”, comentó Pulido, quien por varias ocasiones sentenció que estaba “tremendamente cómodo” con su pareja, Goñi, “y con el proyecto y el resto de los presidentes de cajas” que componen este SIP. Las bicefalias no siempre resultaron buenas en las finanzas. Recordemos, por ejemplo, el divorcio entre Emilio Botín y José María Amusátegui y entre Francisco González y Emilio Ybarra. Insisto. Demasiado tiempo.

La simiente. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández se quejó en una ocasión de que los servicios de estudios de Unicaja y Cajasol no le habían llamado para contrastar sus previsiones económicas para la comunidad con los planes de la Junta de Andalucía para incentivar el empleo y la recuperación económica y que, por tanto, no se creía sus cálculos. Esta vez acertaron y son aún malos los pronósticos de los analistas de Unicaja, en especial en lo que a la generación de puestos de trabajo se refiere. A ver quién se equivocó entonces.

La paja. Un juez de Navarra ha dictaminado que es moralmente reprochable que los bancos impidan que la devolución de una vivienda salde por completo la hipoteca que contrajeron sus dueños. Recurro a este argumento para hablar del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) pagados por la Junta de Andalucía para prejubilar a miles de trabajadores de empresas en crisis. Este tema será objeto de una entrada posterior en este blog, La Siega, pero vaya por delante esta consideración. Quizás sea legal el proceso, pero me parece moralmente reprochable la ingente cantidad de dinero público destinada a tales prejubilaciones e indigno que se hayan colado en estos ERE intrusos amigos del poder y de los sindicatos. Ya hablaremos.

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La Caixa, salarios y educación, más el frío en Cartuja

La conversión de La Caixa en un banco, además de hacer historia en las finanzas españolas, marca el rumbo al conjunto de las cajas de ahorros. El logotipo de la catalana, una estrella creada por el pincel del pintor Joan Miró, guiará la senda al resto de entidades que han preservado, a lo largo de dos siglos, su carácter y representatividad social y su naturaleza fundacional.

No es una más, es la mayor caja la que opta por la bancarización y sin que nadie, ni tan siquiera el Gobierno central con sus nuevas exigencias de capital, la conmine a iniciar tal camino. Es la conciencia de que el modelo vigente de cajas de ahorros, que, hasta hace pocos meses, impedía la presencia efectiva de inversores privados, no es actualmente válido para captar recursos en los convulsos mercados internacionales, donde aún pervive la desconfianza hacia España y su sistema financiero.

Cuando la primavera pasada se abrió una crisis institucional en la patronal de las cajas, la CECA, tras la dimisión forzada de su anterior presidente y la falta de acuerdo para nombrar al sucesor, no fue extraño que el propio Gobierno de Zapatero interviniera para convencer y después sentar en ese sillón a Isidro Fainé, el máximo ejecutivo de La Caixa.

Existía entonces una gran divergencia sobre si la CECA habría de ser regentada por una caja pequeña o una caja grande. Pero la reforma de la legislación estatal para estas entidades, que vendría en otoño, y los recientes cambios que inciden en su bancarización dejan al descubierto que realmente se requería un gran cajero y un gran financiero para responder a los desafíos que se cernían y ciernen sobre las finanzas en su conjunto y la economía española en general.

Tanto que el panorama de las cajas ha cambiado de manera radical en año y medio, aunque fue en la primavera pasada, a raíz de la caída de Grecia y el acoso que sufrió España por parte de los especuladores, cuando adquirió velocidad de vértigo. La reforma de la legislación estatal de cajas de ahorros aprobada meses antes ya permitía que tuvieran derechos políticos (de voto en los órganos de gobierno) las cuotas participativas (especie de acciones) que emitieran. Ninguna había recurrido aún a este mecanismo, que supondría la entrada de capital privado en las cajas, y sólo una, la CAM, había lanzado cuotas sin tales derechos políticos. Al fin y al cabo, cada vez que surgía esta cuestión, afloraba la sempiterna polémica de la privatización, una polémica que los partidos gobernantes en las autonomías, sobre las que recae la tutela de las cajas de ahorros, procuraban evitar.

Mas la decisiva intervención del Banco de España invitando a acometer fusiones, la realidad de los estragos hechos por el ladrillo en sus cuentas y el control estatal de Caja Castilla-La Mancha y después de Cajasur al final condujeron a una bancarización un tanto silenciosa. Aumentaban los SIP (los Sistemas Institucionales de Protección, también llamados fusiones frías) que tenían un banco como sociedad central o cabecera.

El supervisor ha establecido severas condiciones -entre ellas una pérdida sustancial de sus activos- para así disuadir el abandono del SIP por las cajas socias y presionado para que todo el negocio bancario de éstas quede en la sociedad central. ¿Qué queda para las cajas entonces? La gestión en sus territorios y la Obra Social.

Pero aún habría un paso más. La desconfianza hacia España se acrecentó tras el rescate europeo de Irlanda y los persistentes rumores de que el vecino Portugal correría idéntica suerte. Junto a ello, ataques a la deuda española y las dificultades no sólo de las cajas, sino también de los grandes bancos Santander y BBVA, para financiarse en los mercados de capital, y sin olvidar que aún existían dudas respecto al impacto del pinchazo inmobiliario en los balances de las entidades.

En los SIP, al tratarse de bancos, cabe la entrada de socios privados que tomen parte de su capital a cambio, por lógica, de dividendos. Sólo uno, Banca Cívica, se atrevió a sellar y anunciar la entrada de JC Flowers, fondo de capital extranjero. Y se lió gorda.

Visto que el modelo de cajas de ahorros, salvo unas pocas excepciones y a ver cuánto duran, no sirve para captar dinero y que el Estado no puede actuar siempre de vaca lechera para las cajas con problemas, la salomónica solución del Gobierno ha sido exigirles más capital puro y no contaminado por sus emisiones de deuda (core capital) para así hacerlas atractivas a los inversores, al tiempo que obligar a hacerse bancos a aquéllas que requieran los recursos públicos (créditos a un interés del 7,75%) del FROB, el fondo de rescate, y nacionalizar parcialmente las que no cumplan los requisitos.

Y aquí cabe incorporar un importante matiz. El Gobierno español presume de la solvencia de sus entidades y éstas presumen de la solvencia propia, pero hay un problema de credibilidad a tenor de tanto plan para reestructurar las cajas de ahorros y tanta petición de que éstas sean más transparentes.

Sólo una semana después de que el Ejecutivo detallara sus nuevas exigencias de capital, La Caixa anunciaba que iba a traspasar su negocio financiero a un banco, llamado Caixabank, nacido a partir de Criteria, su holding de empresas, y del que será su accionista principal y mayoritario. Eso sí, La Caixa seguirá bajo la fórmula jurídica de cajas, pero su banco, el décimo en importancia de la Eurozona, dará cabida a socios privados por alrededor de una quinta parte de su capital social. El control mayoritario le facilita la gestión del negocio, la decisión de cómo se reparte el dividendo -vital para asegurar los recursos de la Obra Social- y la permanencia dentro de compañías estratégicas para España (Telefónica o Repsol).

Y, por supuesto, en los órganos de gobierno de un banco no caben ni políticos, ni sindicalistas ni impositores condicionados por unos u otros como sí ocurre en las cajas de ahorros, sino directivos, y con mayúsculas. Me pregunto entonces para qué seguir teniendo unas mastodónticas asambleas generales de centenar y pico de personas para decidir, al menos en teoría, los destinos de la Obra Social. Si continúan, será por puro anacronismo, o por mantener el simulacro de que es la representación social ¿? la que determina cómo se distribuyen los recursos. Lo siento, pero a estas alturas no me lo creo.

Eso sí, las cajas convertidas en bancos deberán medir bien sus pasos para no desatender, en aras exclusivas de la eficiencia y la competitividad, a aquella población que aún vive al margen de las operaciones a través de internet. Me refiero, en especial, a la gente que vive en las áreas rurales, los pueblos, y a las personas mayores no familiarizadas con las redes, y que necesitan una oficina cerca, su caja de toda la vida, para no quedar excluidas de los servicios financieros.

Una caja que es un banco, un banco que es una caja, la cuadratura del círculo en La Caixa, lo que no ha logrado hasta ahora ninguno de los SIP ya conformados, ni, por supuesto, ninguna de las macrofusiones plenas de cajas de ahorros (en Cataluña, Castilla y León o Galicia).

La cuestión es cuánto tardarán entidades de acreditada y reconocida solvencia como Unicaja e Ibercaja y otras todavía no desposadas en seguir la estrella o si se aferran a un modelo y a un territorio que, al menos por ahora, les resulta. Queda trecho aún en este camino hacia Belén.

PD.

La parva. El recinto tecnológico de Cartuja tiene edificios que comparten funcionarios y empresas privadas. No hay problemas de convivencia hasta que aparecen los calores o los fríos. En verano, cortan el aire acondicionado a las tres de la tarde, pues los primeros terminan su jornada laboral, mientras que las segundas sudan la gota gorda. En invierno, tres cuartos de lo mismo con la calefacción, y así se quedan pajaritos los empleados de las empresas. La solución, poner aparatos de aire y calor por doquier, de ésos de andar por casa, cuando en teoría son edificios muy modernos.

La simiente. Bienvenido sea el debate de vincular el incremento de los salarios a la productividad y la competitividad de las empresas. Es necesario que se abra una reflexión. Es sangrante que en este país existan convenios de empresas públicas estatales donde, debido al elevado absentismo, el personal cobre incentivos para ir a trabajar –lean bien, no por trabajar, sino por ir a trabajar, como sería su obligación-, aunque también lo es la falta de visión de las empresas que, por ejemplo, no aceptan el teletrabajo y prefieren ver a sus trabajadores asidos a una silla perpetua. Entiendo la ligazón entre salario y productividad, por las tareas que correspondan al trabajador, pero no entre salario y competitividad, puesto que ésta crece o disminuye atendiendo a estrategias empresariales que no dependen de los empleados, sino de los directivos, que son empresa y que, por lo demás, ya cobran incentivos y bonus, algunos de ellos millonarios, recuerdo, por ejemplo, los que percibían los inventores de las hipotecas subprime, o los ejecutivos norteamericanos de Delphi que cerraron la planta gaditana.

La paja. Ni empresarios ni directivos de escuelas de negocios lo dicen en alto, pero por lo bajito advierten de las nefastas consecuencias que está teniendo “pasar la mano” a los estudiantes tanto de Secundaria como de la Universidad, y todo con el objetivo oficial de escalar posiciones en los ranking, tipo informe PISA. “Será pan para hoy y hambre para mañana”, aseveran. Los políticos, agregan, siguen con mentalidades cortoplacistas, “y a la larga el lamento será común”.

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