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Señores cajeros, se acabó

Se creían las cajas y los cajeros que podrían mantener su statu quo como si aquí no hubiera pasado nada. Sí, fusión por aquí, SIP por allá, cojamos el dinero del FROB, limpiemos con él nuestras plantillas, cerremos oficinas, y ya está, sigamos funcionando como hasta ahora y avancemos en nuestros deberes internos pasito a pasito, sin agobios, apliquemos el ahorita mismo de los mexicanos. Pero la paciencia se pierde y, curiosamente, más al Gobierno central que al Banco de España, y la urgencia se impone porque los suspensos en los próximos test de estrés acarrearían poner en cuestión, aún más si cabe, la economía nacional ante los mercados internacionales, e incrementar su exposición ante los tiburones financieros.

Las cajas de ahorros se jactan de los dos siglos de éxito de su modelo, pero la historia no es suficiente aval para que sobrevivan en el entorno actual, entre otras cosas porque están limitadas a la hora de captar capital, dado que en ellas no cabe la presencia de accionistas privados. Están sometidas, por lo demás, a un dilema: ser actores de un negocio tan privado como el financiero al tiempo que alardear de sus orígenes y carácter públicos.

Éstos, sin embargo, se constriñen actualmente primero a una más que cuestionada representación pública (administraciones, sindicatos, organizaciones variopintas e impositores condicionados por unos o  por otros) en sus órganos de gobierno, cuando deberían estar ocupados por profesionales y no meros floreros perceptores de dietas, y segundo a las actividades de la Obra Social, sí loable, aunque no pocas veces granero de voluntades de toda índole, desde las políticas hasta las eclesiásticas.

La comparecencia de hoy, anunciada por sorpresa, de la ministra de Economía, Elena Salgado, equivale a un basta ya, ni una concesión más, tenéis, cajas de ahorros, hasta otoño para realizar vuestros deberes, y quienes no los hagáis, seréis sometidos a la voluntad del Estado, la nacionalización total o parcial, ahí quedan los recientes ejemplos de Caja Castilla-La Mancha y Cajasur, y el más sonado de todos, el de Banesto en tiempos de Mario Conde.

Con las exigencias de que las entidades eleven su ratio del core capital (básicamente, el capital sano, compuesto por el social más las reservas y libre de emisiones de deuda, que para el común de los mortales es decirle mire, esto es lo que tengo en limpio, ni más ni menos, sin hipoteca alguna), el Ejecutivo les está diciendo especialmente a las cajas de ahorros que si su modelo no funciona en estos tiempos que corren, que busquen la fórmula para transferir el negocio (reitero, el negocio, que no su esencia jurídica) a un banco, libre, por supuesto, de toda injerencia de políticos y regentado por financieros puros y duros, de los que saben), mientras que la Obra Social quedaría en manos de una fundación.

Sería una mezcla entre los actuales SIP y la fórmula adoptada por la BBK para absorber la cordobesa Cajasur, convertida en un banco, pero resguardando la Obra Social vía fundación. Y digo mezcla porque en el Banco de España no gusta cómo se están desarrollando los SIP (fusiones frías) actuales, porque no pocas cajas y, sobre todo, no pocos cajeros se aferran al statu quo del que hablaba al principio de esta nueva entrada del blog. En los últimos días, y quizás para excusar al Gobierno, muchos comentaristas están echando piedras contra el tejado del supervisor por no ser más duro en la reestructuración de las cajas de ahorros, pero lo cierto y verdad es que, sin una legislación de por medio, la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez puede apretarles hasta cierto límite, precisamente el legal.

La tesis de que el modelo de las cajas de ahorros no sirve tal y como está concebido se refuerza con el siguiente argumento. Las entidades que están más en el ojo de mira –girémoslo hacia Cataluña, y no hablo precisamente de La Caixa, Galicia y Castilla y León- son aquéllas que han nacido de la fusión plena de otras cajas de ahorros, es decir, una fusión pura y dura y no un SIP con un banco como cabecera sociedad central. Es decir, que la unión de varias cajas de ahorros no necesariamente implica el nacimiento de una caja más fuerte si ésta, al final, sigue llevándose por la inercia. Me pregunto, en este sentido, qué hubiera sido de una única caja o de una gran caja en Andalucía…

Sentencio. Los bancos han ganado a las cajas y el Estado español no puede seguir siendo tan alegre arbitrando recursos públicos si poco o nada cambia en las entidades receptoras, por mucho que éstas se comprometan a devolverlos con altos intereses (7,75%). Al final, caen las semillas en tierras baldías.

P. D.

La parva. Demasiado tiempo ha tardado el Gobierno en coger el toro por los cuernos. Todo se ha acelerado ante la próxima visita de la canciller alemana, Angela Merkel. Qué cierto es que la política económica nos la están imponiendo desde Europa…

La simiente. Me da la impresión de que, pese a las reticencias, estamos ante una reforma que beneficia a las grandes cajas, en especial a La Caixa, que sería el tercer banco de España, tras el BBVA y el Santander, si opta por su transformación.

La paja. Estoy seguro que el “acelerón” del que habló  Rubalcaba tiene muchísimo que ver con los datos que están suministrando las cajas de ahorros sobre su exposición al ladrillo, y que hay más debajo de la alfombra de lo que, hasta ahora, han declarado.

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¿A qué edad me jubilo?

Si usted nació en 1948, se jubilará en 2013 a los 65 años más algún mes añadido, y tendrá derecho a la pensión completa si ha cotizado durante 35 años más algún mes adicional.

Quienes lo hicieron a partir de 1960 se retirarán del mercado laboral con 67 años. Esos dos años agregados se irán distribuyendo entre los 14 que median entre 2013 y 2027.

Pero, además, la quinta de 1960 tendrá que haber cotizado 37 años, y no 35 como hasta ahora, para cobrar íntegra la pensión. Y si quiere jubilarse a los 65 años con toda la prestación, el periodo de pago a la Seguridad Social se ampliaría a los 41 años de manera también progresiva.

Éstas son algunas de las consecuencias de la propuesta lanzada por el Gobierno a los sindicatos para lograr el consenso en la reforma de las pensiones, y cuyo contenido adelantó el pasado miércoles el diario El País.

Estos planteamientos -el día 28 el Ejecutivo anunciará y aprobará los definitivos- alteran las previsiones de los futuros pensionistas, pero no de los actuales ni de los nacidos antes de 1948.

.- Los nacidos en 1948 se jubilan con 65 años y algún mes más; los de 1953, con 67

Prolongar dos años la permanencia laboral hasta los 67 años se hará de manera gradual -y no de golpe- entre 2013 y 2027. Es decir, dos años más a distribuir en un periodo de 14, aunque no se conoce aún a qué ritmo se aplicaría.

Por ejemplo, con la futura reforma, quienes nacieron en enero de 1948 se jubilarían con 65 más uno, dos, tres o equis meses, dependiendo de la progresividad que se imponga. Los nacidos en 1960, en cambio, se verían ya obligados a estar en el mercado laboral a los 67 años porque en 2027 ya estarían completados esos dos años adicionales.

Más o menos -la progresividad no está concretada- quienes vinieron al mundo en 1953 se jubilarían con 66 años. Se aumenta, además, el periodo de cotización que da derecho a cobrar toda la pensión -en estos momentos, 35- con carácter general, siendo la propuesta de dos años más progresivos (37).

.- Trabajar desde los 24 años y de forma continuada hasta los 65 para toda la pensión

En estos momentos, para cobrar la pensión íntegra un trabajador debe haber cotizado 35 años. La propuesta del Gobierno central consiste en que para jubilarse a los 65 años y, además, percibir toda la prestación el periodo a cotizar aumenta a 41 años. ¿Qué significa?

Primero, que se exige la incorporación al mercado laboral como máximo a los 24 años, y esto perjudicaría a los estudiantes con carreras largas y a quienes realizan prácticas o amplían su formación una vez que han concluido los estudios.

Segundo, que no llegar a esos 41 años de cotización implica necesariamente un retiro del mercado laboral a los 67 años. Y tercero, que el empleado tiene menos margen para acceder a ciertos beneficios laborales como las excedencias.

.- Más años cotizados para calcular la prestación y que suponen rebajar la cuantía

Para calcular la cuantía de la prestación no se cogerán los últimos 15 años como hasta ahora, sino que la propuesta contempla 25. Diez años más que supone un tijeretazo en el dinero a cobrar. ¿Por qué?

Por ejemplo, si usted se jubila con 67 años, en los últimos 15 habrá cobrado más que si en el cálculo entran 25, dado que, en términos generales, los sueldos se incrementan conforme pasa el tiempo.

Asimismo, el cóctel arbitrado por más años trabajados y más años cotizados es aún más pernicioso que si sólo se hubiera escogido el aumento de la edad laboral. En efecto, si se hubieran dejado 15 años de cotización para una jubilación a los 67 años, la cuantía a percibir sería mayor que si la jubilación hubiera sido con 65 años por la explicación mencionada: en los últimos años se cobra más.

Pero si son 2 años más de vida laboral y 10 más cotizando, el resultado no puede ser otro que una rebaja (entran más ejercicios pero con sueldos menores).

.- Si son 35 años cotizados, se altera la rebaja de la paga por cada año no trabajado

Hasta aquí los supuestos generales, si bien cabe recordar que también cambiarán los porcentajes de reducción de la cuantía de las pensiones de los jubilados que durante su vida laboral no hubieran completado el número mínimo de años exigidos para el cobro de la prestación plena (ahora 35 y con la propuesta, 37).

En estos momentos, con 35 años pagados a la Seguridad Social se percibe el 100% de la paga, que se recorta en dos puntos porcentuales por cada año menos de cotización hasta los 25 años. Después baja un punto hasta los 15 años (se cobra la mitad de la pensión).

P. D.

La parva. La BBK ha dado una lección al acordar con todos los sindicatos, y por unanimidad, el recorte de plantilla en Cajasur. Aunque el número de trabajadores que saldrán de la entidad cordobesa es mayor que el que planteó Unicaja para la fusión, que nadie piense que Braulio Medel lo hizo mal, por cuanto esta última operación implicaba un solapamiento (duplicidad de oficinas y, por tanto, de empleados) del que carece la absorción acometida por la BBK. Y, ya fuera de la cuestión laboral, del matrimonio con Unicaja resultaba una caja de ahorros andaluza, con el pago de impuestos aquí, mientras que la alternativa ha sido un banco vasco con sede fiscal en Bilbao. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta.

La simiente. Ya era hora de que el Gobierno central reconociera que poco sentido tiene continuar con el modelo actual de las cajas de ahorros por muchos años que éstas tengan y presuman de tener. A sus dos iniciativas para impulsar la bancarización de las cajas (la primera fue la generalización de los Sistemas de Protección Institucional o fusiones fría y la segunda, la reforma que propicia fuentes alternativas de capital para estas entidades) sumará una tercera para facilitar su conversión en bancos controlados, eso sí, por fundaciones. Qué alegría ver tantos políticos saliendo de las asambleas y consejos de administración…

La paja. De verdad, poco que contar de la reunión entre José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, acerca de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). Se trata de una reforma muy importante para el campo andaluz, como todas las que se han hecho hasta la fecha, la última hace tres años con el denominado chequeo médico. Pero me da la sensación de que, con vistas a la próxima campaña electoral, se convertirá en un tema estrella. Cabe recordar que los comicios serán municipales y en los pueblos, no en las ciudades, si saben qué es la PAC. Por lo demás, del encuentro cabe resaltar la anécdota del secretario de Estado de Medio Rural, Eduardo Tamarit, al llamar PAZ a la PAC.

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La huelga que nadie quiere

Encuentros maratonianos al máximo nivel –los ministros de Interior, Economía y Trabajo y secretarios generales de CCOO y UGT-, y todavía no hay visos de acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Se trata de una cuestión de fuerza, también de estrategia, pero ambas partes -no sólo la oficial- soportan una gran presión, tanto de índole interna como externa.

Primero, el Gobierno. Poco llevamos de 2011 y, tras la tregua de Navidad, los mercados vuelven a atacar la deuda española, ante la desconfianza suscitada por sus cuentas públicas y el temor a que nuestro país quede al final contagiado por un hipotético rescate del vecino Portugal que ya es titular, día sí, día también, en la prensa internacional. Y que caiga una cuarta ficha del dominó de la Eurozona -después de Grecia e Irlanda- serían palabras mayores para esta área económica.

Para convencer a los inversores, el Ejecutivo ha acelerado las reformas estructurales y, en este contexto, comprometida tiene la de las pensiones. La intención y la orientación de los cambios en el sistema de la Seguridad Social están comunicadas a Bruselas y saludadas por sus socios europeos, que incluso han destacado la valentía de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo contrario de valentía es cobardía y un paso atrás por parte de Madrid, después de haber reafirmado su firmeza de que aprobará la reforma de las pensiones con o sin apoyo sindical y de que el retraso de la jubilación se hará sí o sí a los 67 años, lanzaría al mercado una imagen de debilidad y, además, de incapacidad para resolver los no pocos problemas de su economía y, en especial, los de sus cuentas públicas. Un descrédito que, asimismo, sería recriminado aún más por los socios comunitarios y del Banco Central Europeo que, sin reconocerlo, se afana en comprar emisiones de deuda pública de los países con problemas para evitar que los intereses que pagan los Estados se disparen y generen males peores. Cabe recordar que el peso de España en el Eurosistema es mayor que los de Grecia, Irlanda o Portugal, y su caída pondría en cuestión los cimientos mismos del euro.

Ya lo ha dicho el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Que no se acometan las reformas económicas necesarias, ha advertido, es peor que la ausencia de consensos amplios para alcanzarlas y aplicarlas. Toda una declaración de intenciones y un aviso a navegantes, tanto a los que actualmente se sientan en la mesa de negociación como a los que impiden que la reforma laboral, vigente desde el verano pasado, no se traduzca en creación de puestos de trabajo y de empleo indefinido, léase, los empresarios.

Vayamos a la prolongación de la vida laboral a los 67 años. Sin duda, es la medida de mayor calado en la sociedad y de impacto mediático, aunque la reforma de las pensiones contendrá otros cambios de igual relevancia pero a los que no se les dispensa tanta atención quizás porque hacer sus números sea más complejo-, y en los que, por cierto, los partidos políticos sí se han puesto de acuerdo en el Pacto de Toledo. En especial, el aumento de los años de cotización para calcular la cuantía de las prestaciones.

Sin embargo, entre tal iniciativa y prolongar la jubilación más allá de los actuales 65 años media un importantísimo matiz sindical. Esta última decisión supone un quebranto de los derechos de los trabajadores -argumentan CCOO y UGT-, la primera, no, por mucho que sí afecte a los futuros pensionistas.

Hasta aquí hemos hablado de la presión externa que soporta el Gobierno. Sin embargo, a la vuelta de la esquina están los comicios municipales y las encuestas vaticinan un desplome del PSOE, que podría derivar en debacle si, al final, los sindicatos convocan la segunda huelga general en sólo cuatro meses -la primera fue el 29 de septiembre pasado y el motivo, la reforma de la legislación sobre el mercado de trabajo-.

En este contexto, no es de extrañar que el Gobierno haya optado por negociar hasta la extenuación.

Dado que los 67 años es decisión inquebrantable y así lo ha trasladado al mercado, lo único que puede ofrecer a los sindicatos es diluir esos dos años en un periodo de tiempo más amplio y se completen, pues, más tarde, o que haya más número de trabajadores que puedan acceder a la jubilación a los 65 años si tienen cuatro décadas de cotización o si realizan tareas con gran esfuerzo y desgaste.

Aunque se suavice la medida, supondría aún un recorte de derechos, de ahí las reticencias de UGT y CCOO, y entramos ahora en materia sindical.

Las centrales son conscientes de los problemas que, a la larga, tendrán las arcas de la Seguridad Social y, por tanto, el pago de las pensiones, pero consideran que la búsqueda de recursos debe hacerse vía recaudación fiscal (aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas) y no a costa de los trabajadores.

No son pocos los dirigentes de UGT y CCOO que desean abiertamente otra huelga general, e incluso han postulado una fecha, el 27 de este mes, la víspera del Consejo de Ministros que aprobará la reforma de las pensiones para después enviarla al Congreso. El llamamiento, alimentado por las propias declaraciones de Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se ha apagado, y los sindicatos recurren al socorrido discurso de la responsabilidad, sigamos negociando. Pero hay más.

Tienen la incógnita -quizás miedo- de cómo responderán los empleados a la convocatoria, habida cuenta de que el 29-S fue un paro general descafeinado, pese a los más de cuatro millones de parados que ya existían en nuestro país y que eran una masa suficiente como para hacer éxito garantizado de una huelga general.

Hay temor a quemarse. Por eso, y por la segura voluntad de acuerdo, están y seguirán negociando nadie quiere ser el primero en levantarse de la mesa para no ser responsable de la convocatoria- hasta arrancar concesiones a los 67 años aceptables por sus bases, evitando, además, el desgaste de la calle.

P. D.

La parva. El ex presiente del Gobierno José María Aznar ficha como asesor externo por Endesa por 200.000 eurillos. Otro cargo más. Qué gran hombre de empresa…

La simiente. Un acuerdo para reutilizar la factoría de Astilleros de Sevilla está cerca. Y han leído bien. Reutilizar, al tiempo que recuperar parte de la actividad naval.

La paja. Mucho me temo que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se va a convertir en un nuevo campo de batalla de la política andaluza. Mal empieza la Junta de Andalucía en la búsqueda del consenso si, de entrada, ya está lanzando sospechas sobre la actitud que tendrán los populares. Debería tener en cuenta de que, al margen de la política y de las próximas elecciones municipales, Andalucía se juega mucho con esta reforma.

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La verdad de las mentiras laborales

No se trata de un maquillaje de las cifras, pero sí de la aplicación de una metodología más que cuestionada y que siempre barre para adentro. Me estoy refiriendo a los datos del paro registrado que facilita mensualmente el Ministerio de Trabajo y que recopilan los suministrados por los distintos Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. Un desempleado, al menos así lo entiendo yo, adquiere esta condición si realmente no tiene trabajo, lo quiere y lo busca, siendo esta búsqueda materializada a través de su inscripción en los listados oficiales, en la esperanza de que éstos, que son públicos y nos cuesta el dinero, consigan felizmente casarlo con una oferta laboral.

903.999 son los parados oficiales con los que Andalucía cerró el pasado año. Sin embargo, la cifra de demandantes de empleo, esto es, la de todos los inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se elevó a 1.351.039. Entre uno y otro dato median 447.040 personas, de las que 251.030 tienen algún puesto, otras 40.439 no lo poseen pero ven limitadas sus posibilidades a la hora de trabajar y 155.571 están sin ocupación, aunque la metodología también los excluye del negro listado de desempleados al cobrar el subsidio agrario o realizar cursos de formación.

1.100.009 serían, pues, los parados reales, mas no oficiales, que existirían en esta comunidad, una cantidad más cercana a la que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), la única estadística de medición del desempleo que está homologada para los países de la Unión Europea (UE). En concreto, la EPA del tercer trimestre de 2010 -el último dato publicado- hablaba de 1.129.500 personas sin trabajo en la región.

155.571 parados están ocultos a la estadística al incluir a los perceptores del subsidio agrario (lo cobran en Andalucía y Extremadura los eventuales del campo o jornaleros) y quienes, aunque no tienen un puesto, desarrollan cursos de formación -el ejemplo más llamativo, el de los operarios gaditanos de la antigua Delphi-. Desaparecen, pues, de los registros oficiales.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración todavía no dispone de los datos de beneficiarios del subsidio agrario -el antiguo PER- de diciembre. Los últimos hacen referencia a noviembre pasado, con 137.508. Por tanto, y en términos aproximados, unos 20.000 parados andaluces no son considerados como tales al estar acogidos a programas de las políticas activas de empleo.

Cabe recordar, en este sentido, que los eventuales agrarios -que en la metodología aparecen como Teass- adquieren derecho a percibir el subsidio si reúnen al cabo del año 35 peonadas (días trabajados), aunque el año pasado este número se rebajó a 20 al verse dañadas las cosechas -y, por tanto, los jornales- por el impacto de los temporales que azotaron en el invierno a Andalucía.

Al excluirlos de la consideración de parado, el Ministerio les otorga irremediablemente la condición de subsidiados. Soy de pueblo –de ésos que están marcados también por el antiguo PER- y sé que hay muchísimos eventuales del campo –y otros que nunca lo fueron- ya mayores de 45 años que difícilmente van a encontrar un puesto de trabajo a menos que se incida en la diversificación económica de las áreas rurales, pero no me puedo creer que se condene al limbo de la indefinición, y del desempleo, a nada más y nada menos que a 137.508 andaluces

Mientras, 251.030 personas figuran como demandantes en las oficinas del SAE pese a estar ocupadas. Se trata de empleados que quieren mejorar su situación y encontrar otro puesto de trabajo ya sea por razones económicas o por cuestiones de índole profesional -por ejemplo, cuando se ejerce un puesto distinto a los estudios cursados-. Por muy pequeña que sea la relación laboral -horas, días-, no computan como parados oficiales.

Un último grupo de personas. 40.439 son demandantes de empleo porque carecen de él pero su disposición a la hora de trabajar es limitada. En esta categoría se dan cita, por ejemplo, quienes tan sólo pueden trabajar desde casa o desde otras comunidades o países distintos, los que solicitan un empleo para un periodo menor a tres meses o una jornada inferior a 20 horas semanales, los que aún cursan estudios de enseñanza superior reglada, etcétera.

Pongamos dos ejemplos. Primero, un ama de casa, que cuida del hogar y también de su padre anciano y no recibe prestación alguna, ni siquiera la contemplada por la Ley de Dependencia, se apunta al Servicio Andaluz de Empleo para buscar una ocupación para cinco horas semanales, no más porque ha de atender a sus otras obligaciones. Y segundo, el universitario con dificultades para pagarse la carrera y que se da de alta en el SAE para encontrar un empleo no a tiempo completo que le ayude a concluir sus estudios. ¿No son parados? ¿Cómo los llamamos pues, ciudadanos que complementan sus rentas? Si se obvian, ¿no estamos dando por supuesto que el mercado laboral español es incapaz de facilitar trabajos a tiempo parcial con todos sus papeles y, por tanto, se condena a esos demandantes a la economía sumergida?

Por tanto, si se suman esos demandantes de empleo con limitaciones (40.439) y los amparados por el antiguo PER y alumnos inscritos en cursos de formación laboral (155.571), el resultado (196.010) es que Andalucía acabó 2010 con 1.100.009 parados reales, y no con los 903.999 contabilizados por las oficinas del SAE. Éste, por lo demás, trabaja como un registro (es decir, como si fuera un censo), frente a la EPA, que es una encuesta.

¿Y del estado, qué? 4.100.073 eran los parados españoles al cierre de 2010, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo -el antiguo INEM-. Sin embargo, los demandantes de un puesto de trabajo alcanzaban los 5.504.411.

De esta última cantidad, 955.996 se consideraban ocupados, 221.683 alegaban limitaciones a la hora de trabajar y 226.659 percibían el subsidio agrario -sólo se cobra en las comunidades de Andalucía y Extremadura- o realizaban cursos de formación.

Si a los 221.683 que aducían limitaciones, y que realmente no tenían empleo, sumamos 226.659 eventuales del campo y alumnos de cursillos, colectivos ambos también sin trabajo, resulta que a los 4.100.073 parados oficiales habría que añadir 448.342. En total, 4.548.415.

La EPA hizo hace unos años una aclaración muy acertada cuando detalló que la población activa no sólo son las personas en edad de trabajar (mayores de 16 años), sino que, además, deben mostrar predisposición a trabajar. Es decir, que quieren hacerlo. E igual hizo con el parado, al concretar que éste ha de revelar un interés en buscarlo. Pero este último detalle lleva muchos años obviándose en el Ministerio, y por eso la EPA le da trimestralmente una bofetada cuando publica sus estadísticas, que cuestionan las facilitadas por los Servicios Públicos de Empleo.

(Sobre mi mesita de noche, La verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa).

P.D.

La parva. La cooperativa malagueña Hojiblanca ha fracasado en su intento por comprar la cárnica Mafresa, dedicada al cerdo ibérico, ubicada en el municipio pacense de Fregenal de la Sierra y agobiada por su abultada deuda financiera. La aceitera andaluza quería diversificar su negocio con un producto, el jamón, complementario del aceite de oliva. En cambio, incrementará sustancialmente sus exportaciones del oro verde a China, un país por el que ha apostado con rigor y donde será líder.

La simiente. Domingo Pérez, propietario de la conocida red de gimnasios Sato Sport, se ha pintado de negro para encarnar este año al rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla. Merecido reconocimiento a un empresario que partió de cero y se ha hecho grande a base de fuerza.

La paja. ¿Cuántas veces hemos escuchado por parte de nuestros gobernantes que lo peor de la crisis del empleo ha pasado ya? Manuel Recio, consejero del ramo, lo lleva diciendo desde que accediera al cargo…

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Empresarios trileros

No escasean en esta Sevilla nuestra empresarios expertos en el trile, ese juego callejero de apuestas fraudulentas que consiste en adivinar en qué lugar de tres posibles se encuentra una pieza que manos habilidosas y muy proclives al engaño han escondido, levante usted, pierde, ahí no está, está aquí. Se trata de teóricos salvadores que salen al rescate de empresas al borde de la quiebra y al auxilio de gestores desesperados, quédesela, por Dios, deme un simbólico euro, llévesela con sus activos y deudas, que yo sólo aspiro a quitarme este muerto de encima.

El caso más paradigmático en España es el grupo turístico Marsans, cuyos antiguos propietarios, el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, vendieron la compañía a una sociedad de dudosa reputación, Posibilitum, especializada en la compra de empresas en riesgo, de qué, de irse al garete. Sin embargo, en Sevilla capital tampoco faltan los ejemplos, y el más relevante es el que atañe a la inmobiliaria Novaindes, declarada en concurso de acreedores pocos meses después de ser adquiridas por inversores que, en ese preciso momento de la transacción, decían tener grandísimos planes de futuro.

¿Cómo y por qué se atreve alguien a embarcarse en una compañía a punto de caer al vacío? El cómo es muy sencillo, estando al quite de los males ajenos y no aportando ni un euro, más allá de ese simbólico que consta en las escrituras. El porqué, exprimir al máximo las migajas y, entre ellas, saber y encontrar dónde están los diamantes en bruto, que los hay.

Ojo advenedizo para los negocios, experiencia en andar sobre el filo de la navaja legal, artificiero de la contabilidad, escurridizo en los tribunales, picardía, desdén por los acreedores y, por supuesto, mucha jeta. Sería el perfil de estos señores, que nada emprendieron en sus trayectorias empresariales y, en cambio, mucho indagan en cómo sacar tajada de las desgracias de los demás. La vida.

En un prestigioso despacho de abogados de Sevilla no dudan en calificar a estos especímenes de especuladores osados que, al olfato de suelos, arrendamientos que siguen generando ingresos, concesiones administrativas, por ejemplo de aparcamientos, y otros activos inmobiliarios primero compran la sociedad a un precio irrisorio a los atormentados empresarios e inmediatamente después solicitan concurso de acreedores –antigua figura de la suspensión de pagos- para reducir sus deudas, tanto las financieras como las contraídas con sus proveedores, y recortar a la mínima expresión la carga laboral, léase, despidos y expedientes de regulación de empleo.

Pero antes, claro está, ponen a buen recaudo las joyas de la corona. Pienso, por ejemplo, en el edificio La Florida, en pleno corazón hispalense, cuánto podrá valer a poco que se recupere el mercado, o en el centro de negocios Portaceli, en Nervión, o el complejo residencial Novatriana, en Pagés del Corro.

“Al fin y al cabo, estos empresarios juegan con la frustración de los acreedores, quienes siempre salen perjudicados cuando se presentan los concursos de acreedores, quienes, al final, se resignan a perder todo o buena parte de su dinero”, según comentan fuentes jurídicas.

No obstante, recuerdan que antes no, pero ahora sí, esos acreedores están más protegidos pues la responsabilidad de los administradores, que incluye la patrimonial –poderle reclamar las deudas no satisfechas con cargo al patrimonio propio- y la judicial –en el caso de que su mala gestión haya conducido a la quiebra- se extiende hasta dos años antes de la solicitud del concurso.

Es precisamente la situación en la que se encuentra Díaz Ferrán, parte de cuyos bienes están preventivamente embargados. A ver si cunde el ejemplo y los administradores concursales (quienes se hacen cargo de la compañía durante el concurso) procuran en todos los procesos buscar los indicios de culpabilidad.

Un respetado periodista deportivo me pregunta cómo se han enriquecido determinados empresarios vinculados ahora al mundo futbolístico. En esta entrada de blog está la respuesta, querido compañero, precisamente para eso la he concebido. Ser expertos en el juego del trile.

P. D.

La parva. No creo que la derrota de Santiago Herrero en las elecciones a la presidencia de la CEOE haya sido un rotundo fracaso. Quizás sí personal, pero no para el conjunto del empresariado andaluz, que ha alzado, una vez más, su voz en Madrid en su campaña de espantar tópicos. Es habitual en el patrón andaluz escuchar que uno debe ser leal a sus principios, pero debe ser también leal con su organización. No me gustó la recta final de su campaña, con los ataques directos al rival, Joan Rosell, aunque, eso sí, clamaba al cielo el favoritismo dispensado por la cúpula de la CEOE al catalán, cuando debería haber optado por la imparcialidad. Las formas son las formas, señor Herrero, y en ellas erró, y al errar afloraron claros síntomas de debilidad en su candidatura, y los electores no suelen sumarse a causas que de antemano se auguran perdidas. Dicho esto, considero que no debería pecar en exceso de orgullo y aceptar esa vicepresidencia de urgencia que le ha arbitrado Rosell, dado que el andaluz puede aportar mucho más dentro que fuera. Cabe recordar que, en su día, Herrero renunció a presentar batalla a Gerardo Díaz Ferrán cuando éste le ofreció la presidencia de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, pese a que tanto predicó la necesidad de un cambio de modelo en la organización empresarial nacional.

La simiente. Se extiende entre el empresariado y los analistas la opinión de que en España sobran administraciones públicas. El último en pregonarlo, el sevillano Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods, compañía con fábricas en varias comunidades españolas y presencia en una treintena de países. Seguro que habla con conocimiento de causa.

La paja. No hay peor mensaje al mercado que la indecisión. Que la Junta de Andalucía haya retrasado ahora el impuesto sobre las bolsas y el canon del agua y otras medidas de incremento de sus ingresos revela dos cosas. Primera, que arbitró las medidas sin consultar siquiera a los colectivos afectados, y el disgusto de su rechazo se lo podía haber evitado. Y segunda, su auténtico pavor ante las próximas elecciones municipales y al vuelco que puedan dar al actual espectro político.

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