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Un puzle financiero andaluz desbaratado

La configuración del nuevo mapa financiero andaluz ha saltado por los aires después de que Cajasur haya sido intervenida ante su negativa a unirse con Unicaja. Ya ni cuadra la teoría de la caja única, concebida en tiempos de Manuel Chaves, ni la de la gran caja, ésta de fechas más recientes, ni la que hablaba de dos torres, una que sumaba esas dos entidades con Caja de Jaén, otra encabezada por Cajasol y, en medio y con ánimos de caminar sola, Caja de Granada. El puzle no encaja, su cuadratura ha de esperar a la decisión que adopte el Banco de España respecto a la cordobesa, y la legislación que regula el FROB (ayudas del fondo de rescate bancario) deja la puerta abierta tanto a la búsqueda de un caballero blanco como a su subasta pura y dura, por trozos o entera, de modo que Cajasur podría dejar de ser andaluza.

Un vistazo a la otra entidad intervenida por el supervisor, Caja Castilla-La Mancha, nos dará idea de qué puede ocurrir a partir de ahora. Ésta dejará de ser una entidad de crédito, se convertirá en fundación y su negocio será traspasado al banco Liberta, filial de la caja asturiana Cajastur, que fue la que ganó la puja abierta por el Banco de España para quedarse con la conquense.

Lo cierto y verdad es que desde que en el verano de 2009 se anunciara el pacto de fusión de la malagueña y la jiennense y después, de la primera y la cordobesa para forjar la gran caja de ahorros que anhelada la Junta de Andalucía, parecía que la comunidad podría emprender la reestructuración de su sistema financiero regional sin imposiciones externas. De hecho, había frustrado el intento de Cajasur –que recordaba a épocas pasadas, cuando Miguel Castillejo, su entonces presidente, huyó de la tutela del Gobierno de Chaves y se acogió a la del de José María Aznar– de buscar solución a sus males financieros en una entidad de otra comunidad, Caja Murcia, con la que había la sintonía que faltaba con Unicaja, que era la opción tanto del regulador español como del Ejecutivo en manos de José Antonio Griñán.

Con anterioridad, existía la intención, y firme, de propiciar un matrimonio entre la sevillana Cajasol –que todavía digería el matrimonio entre San Fernando y El Monte– y Unicaja, e incluso Chaves envió un clarísimo mensaje a los presidentes, Antonio Pulido y Braulio Medel, respectivamente, para que se pusieran juntos a trabajar.

Sin embargo, esta operación es complicada, habida cuenta de las rivalidades políticas y recelos sociales existentes entre las dos provincias –que los propios partidos alimentan– y en su contra juegan también cuestiones económicas: los distintos regímenes laborales, menos costosos en la malagueña que en la sevillana. Aquí cabe recordar que precisamente la cuestión laboral ha sido uno de los dos grandes obstáculos –el otro y definitivo, la Iglesia católica– en las negociaciones para casar a Cajasur y Unicaja.

Y es que la colaboración entre las entidades regionales brilla por su ausencia, salvo cuando son llamadas por la Junta de Andalucía. Su esfuerzo máximo en este sentido se materializó en la conjunta participación en el BEF (Banco Europeo de Finanzas), que en su día fue bautizado como el “banco de las cajas andaluzas”, pero cuyos resultados dejan bastante que desear. El ejemplo más claro de esa falta de entendimiento fue la crisis en SOS, donde quedaron descolocadas pese a ser los primeros accionistas –el entonces consejero de la Junta de Andalucía Martín Soler dijo que cada una estaba “en su chiringuito”–.

Los dos enlaces que sí han funcionado en Andalucía han sido los de Unicaja y Caja de Jaén por un lado, y Cajasol y Caja de Guadalajara por el otro, y ambos se encuentran inmersos en trámites finales. No se trata de grandes operaciones financieras, dado que las entidades absorbidas son de pequeña dimensión. La primera ha permitido a Braulio Medel seguir en el panorama de las finanzas de la comunidad durante el periodo transitorio de la fusión –su mandato en Unicaja hubiera expirado sin esta anexión–. Y la segunda tiene la virtud de estrenar en España una boda de cajas de distintas comunidades.

Queda por ver si, a falta de Cajasur, las entidades andaluzas se atreverán a las alianzas entre ellas mediante SIP (unión financiera, mas no jurídica). Difícil.

Pero, ¿cuáles han sido las claves de la intervención del Banco de España? ¿Y sus consecuencias? Se pueden resumir en quince, y ahí van.

1.- ¿Por qué actúa así el supervisor? Porque Cajasur tiene graves problemas de solvencia y ha rechazado la única alternativa que le ofrecía el Banco de España: la fusión con Unicaja. Trata de evitar males mayores para los clientes.

2.- ¿Qué significa la intervención? Supone que el Banco de España toma las riendas de la entidad y, a través del FROB, nombra a administradores que sustituyen a los anteriores gestores –son fulminantemente destituidos–,

3.- El papel de los tres gestores. Los tres administradores designados en Cajasur han de elaborar un informe en el plazo de un mes para evaluar la situación patrimonial y proponer para la entidad posibles soluciones de futuro.

4.- Un plan donde es fusión o subasta. Esos administradores presentarán un plan de viabilidad de la caja cordobesa, que ha de contemplar su fusión con otra entidad financiera o bien el traspaso total o parcial de su negocio.

5.- Tres meses para el arranque. El plan de reestructuración deberá detallar, asimismo, el plazo previsto para el inicio de su ejecución, que no podrá exceder de 3 meses, salvo autorización expresa del Banco de España.

6.- Por sí solo y sin el Gobierno andaluz. Todo el proceso será controlado por el Banco de España, al que le bastará con pedir un informe, aunque no vinculante, al Ministerio de Economía o a la Consejería del ramo para actuar como quiera.

7.- Sin derecho de veto autonómico. Además de que la Junta de Andalucía se queda sin la tutela de Cajasur, no podrá ejercer derecho de veto a la operación que el Banco de España conciba para el futuro de la entidad cordobesa.

8.- No es lo mismo que con CCM. La intervención de Cajasur es distinta a la de CCM pues hace un año el FROB no estaba en vigor. La salida que dé el regulador no tendrá que ser aprobada en la asamblea general de la caja.

9.- Depósitos con la garantía estatal. Los clientes no tienen que temer la decisión del Banco de España puesto que sus depósitos están ahora asegurados, más incluso que antes. La gestión a partir de ahora la ejecuta el supervisor.

10.- Capitalizar la entidad. La primera decisión del Banco de España es una inyección de socorro de 550 millones de euros para compensar el desfase de recursos. Pero las ayudas superarán con creces esa cantidad.

11.- Un mapa alterado. La intervención supone un revés para la configuración del nuevo mapa financiero andaluz, en el que iban a quedar tres entidades: Unicajasur (Unicaja+Caja de Jaén+Cajasur), Caja Granada y Cajasol.

12.- La disputa  de la tutela. Cajasur protagonizó una ardua disputa con la Junta de Andalucía cuando se acogió a la tutela del Gobierno central en tiempos del PP, conflicto que solucionó José Antonio Griñán.

13.- La Iglesia acusada. La Junta de Andalucía, al igual que CCOO, UGT, el PSOE andaluz e Izquierda Unida, coinciden en culpar principalmente al Cabildo de Córdoba del fracaso de la fusión y de la intervención, al considerar que la entidad era suya y solamente suya.

14.- Una segunda oportunidad. Frente común de la izquierda política y sindical andaluza para pedir al Banco de España que sea quien culmine la fusión entre Unicaja y Cajasur, pues tendrá poder de decisión único.

15.- El error del tema laboral. Un error en las negociaciones fue minusvalorar la importancia de la cuestión laboral, que se achaca a las dos entidades, que se centraron en demasía en las compensaciones a la Iglesia. Aspromonte cree que la intervención salvará los empleos, pero se equivoca. La entidad puede ser troceada y vendida al mejor postor.

P.D.

La parva. Qué poco ha tardado el PP en hacer sangre con la intervención de Cajasur. Juan Ojeda, militante del partido, antiguo alto cargo del mismo y ex consejero de Cajasur, ha sido muy claro. Los responsables del fracaso de la fusión y de la toma de control de la entidad cordobesa por parte del Banco de España han sido los curas cajeros, no la Junta de Andalucía.

La simiente. De todo este asunto sólo algo positivo, la rapidez con que ha actuado el Banco de España para evitar una huida de clientes de la entidad.

La paja. Lejos de la autocrítica, los curas cajeros siguen echándo las culpas a los demás. Qué poco dolor de sus pecados tienen.

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Las agallas de hoy que ayer faltaron

A uno se le divide el corazón entre la confianza y la desconfianza hacia la capacidad del Gobierno español para ajustar el déficit público a las exigencias impuestas por Bruselas. Confianza porque no tengo más remedio que tenerla, quienes nos gobiernan son los que son, y tal y como está el patio de la crisis y del principal partido de la oposición, poco ganaríamos con la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Desconfianza porque es intención del Ejecutivo de acometer el recorte tan sólo por la vía del gasto, centrándolo sobre los funcionarios y pensionistas, eliminando el cheque bebé, recortando los beneficios de la ley de dependencia y reduciendo las inversiones públicas y la factura sanitaria.

Agallas ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, de anunciar esta misma mañana -sólo tres días después del apremio de sus socios europeos para que aplicara una tijera adicional a las cuentas públicas y calmar así a la jauría de los mercados que había hecho de nuestro país su próxima presa- tan severo ajuste y la lista de los sacrificados. Tantas agallas como cobardía tuvo para, en su día, acometer las reformas estructurales que necesitaba la economía española en un afán de contentar a todos cuyas consecuencias las vamos a padecer ahora.

¿Un Gobierno social? Y un jamón. Las iniciativas más polémicas, aquéllas que atañen a los funcionarios y los pensionistas, me recuerdan, lo siento mucho, a los tiempos del decretazo de Aznar, haya o no rebaja ahora de derechos laborales, y centran el sacrificio sobre los trabajadores porque, en su día, Zapatero se negó a una reforma fiscal más progresiva que orientara la presión hacia las grandes fortunas y patrimonios. Pero, además, se sustentan sobre la mentira, porque hasta hace unos días seguía negando que los ajustes necesarios fueran a dañar a los citados colectivos, uno de los cuales, el de los funcionarios, ha seguido creciendo en número durante la ya larga crisis económica.

No me puedo olvidar de su ley, la ley por excelencia de Zapatero, la de dependencia, ley buena donde las haya y que tantos aplausos y esperanzas había cosechado, y que es otra de las damnificadas de los ajustes. Me atrevo a levantar la voz para denunciar su injusticia. En cuanto al cheque bebé, qué decir, si fue erróneo desde su cuna, cómo se puede dar la misma cantidad a progenitores sin distinguir entre clases económicas, ahora pagan justos por pecadores. Es una vergüenza, no encuentro otra palabra, que se reduzca la ayuda al desarrollo, a los pobres, fíjense qué atentado en un Ejecutivo que presume de social. ¿Y cómo afectará al empleo y al negocio de las empresas la reducción de la inversión pública también anunciada? Habrá que prepararse para un verano calentito.

Por mucho que lo niegue, las nuevas medidas son tan improvisadas como toda la actuación de este Gobierno en estos dos años de crisis económica, pues, insisto, no tuvo en su día agallas para afrontar las reformas necesarias, y al final ha accedido a muchas de las demandas iniciales de los empresarios que tanto denostó y emprendido el recorte del déficit no por iniciativa propia, sino por imposición externa.

No tenemos tiempo, es verdad, o aplicamos la austeridad con urgencia o los lobos nos comen. Se necesita el dinero ya, de ahí que Zapatero haya escogido el camino más fácil, el que reporta ingresos desde el momento de su aplicación y sin enfrentarse a complicados cambios legales, como pudiera ser una profunda reforma tributaria. Esperemos que los mercados, y los fondos especulativos a los que estamos sometidos, bendigan estos planes, porque como las agencias de calificación nos sigan poniendo en su punto de mira, la financiación de los intereses de la deuda pública española terminará comiéndose los ahorros conseguidos.

Es también intención del presidente Zapatero de no acometer aumento alguno de los impuestos, salvo la prevista subida del IVA el próximo julio. No son pocos los que ponen en duda su palabra, habida cuenta de la caída de ingresos estatales derivada de la crisis económica, mucho más intensa que en otros países de nuestro entorno con igual o superior impacto sobre del Producto Interior Bruto (PIB).

Y pasamos a las administraciones autonómicas y locales, tan propensas al engorde y no a las dietas. Estas últimas, que ya estaban echando sus cuentas antes de la urgencia del tijeretazo adicional al déficit, tendrán que volverlas a echar, arañando de aquí y de allá para contribuir al objetivo común del Estado.

Se preguntan en una escuela de negocios. “Si las empresas han logrado recortar sus costes hasta el límite para sortear la crisis económica, ¿por qué no lo va a poder hacer el Estado?” La respuesta es sencilla. En unas hay gestores, en otras, gestores y políticos, y sobre éstos últimos pesa más las próximas elecciones que el compromiso real y certero de emprender acertadas medidas para salir del agujero en el que estamos.

Me reprochará el lector, y merecidamente, que no se puede generalizar. Pues no. Sin embargo, los dos grandes partidos, PSOE y PP, son mayoría en este país, y sus dos líderes son incapaces de ponerse de acuerdo en sentar unas bases sólidas para una recuperación ansiada por unos ciudadanos a los que, aquí o allá, administran. El encuentro de Zapatero y el presidente de los populares, Mariano Rajoy, la semana pasada en La Moncloa fue tal paripé que sonrojo les debería causar a ambos porque, al margen del acuerdo para desbloquear las fusiones de cajas de ahorros (hubiera sido vergonzoso lo contrario, pues habría revelado que están más interesados en las prebendas que cosechan de estas entidades que en contribuir a la necesaria reestructuración del sector financiero), lo único que aportaron fue un mayor descrédito de la política ante los españoles.

Son legítimas las estrategias políticas, por supuesto, pero ello no debería ser obstáculo para, en tiempos revueltos, consensuar acuerdos por el bien del país, más allá de los partidistas. El sentido de Estado que tuvieron los grandes hombres de la Transición y de los primeros años de la Democracia –sólo cito aquí, por su relevancia económica y laboral, los Pactos de la Moncloa- brilla actualmente por su ausencia y prima la abundancia de zancadillas.

Pero volvamos al recorte del gasto. Al igual que las familias asfixiadas que no llegan a final de mes, en las administraciones debería entrar la conciencia del deber de ahorrar y, sobre todo, de no despilfarrar. Un ejemplo: en las últimas dos semanas, puedo contar hasta una decena de actos, encuentros y jornadas patrocinados por la Junta de Andalucía cuya utilidad, en estos momentos, quizás en otros no, pongo en cuestión. No se trata de ir al bulto y sacar todo el recorte de varias partidas, sino buscar y aniquilar el euro innecesario, ser hormiguitas que, grano a grano, se llevan el granero.

Queda la contestación social, a ver cómo justifican los sindicatos ante sus afiliados el viraje de José Luis Rodríguez Zapatero, a sabiendas de que de ellos también se espera responsabilidad, ésa que evite una crispación del país que podría empeorar las cosas. Si hacen falta sacrificios, que los hagamos todos, si hace falta rebaja de sueldos, todos contribuiremos para frenar la sangría del desempleo y propiciar la creación de empleo. Porque los empleados sí estamos a la altura de las circunstancias, los políticos, no.

P.D.

La parva. Por orden del Banco de España, los consejos de administración de Cajasur y Unicaja habrán de aprobar su proyecto de fusión con el 21 de mayo como fecha límite para que todo esté atado y bien atado el último día de junio. Para lo primero no habrá problemas, puesto que no hay necesidad de que el pacto laboral se incluya. Pero está cerca, aunque no con el consenso que se quisiera, la maquinaria de la división sindical ya está en marcha.

La simiente. En estos tiempos de crisis y de zancadillas, los organismos de representación de las autonomías en el extranjero comienzan a ser puestos en cuestión por los populares. Desconozco cómo funcionarán en otras comunidades autónomas, pero en el caso de la andaluza podemos estar orgullosos de la red exterior de Extenda, cuya labor, no lo digo yo, lo dicen los empresarios que con esta agencia trabajan, es encomiable. Sería un error de bulto atacar a Extenda, puesto que si hay un consejo unánime a la hora de buscar salidas a esta crisis, es la urgencia de propiciar una mayor internacionalización de nuestras empresas. No matemos a los organismos que la fomentan.

La paja. Una cosa es que las entidades financieras vigilen con sumo celo las garantías para conceder un préstamo y otro, que exijan a los empresarios intereses rayanos en la usura. Y esto está sucediendo en Sevilla. Los notarios lo atestiguan. Sugiero que los afectados difundan estos excesos en la red, así pondremos apuntar con el dedo a quienes están entorpeciendo la recuperación económica.

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