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El Partenón en la Cibeles

No hace ni dos semanas que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, sentenciaba que en España ya no tocaba hablar de crisis económica, sino de recuperación, pero qué difícil es hacerlo cuando la sangría laboral continúa, hasta el punto de afectar a uno de cada cinco españoles en activo, y la tragedia griega puede colocar su Partenón en la mismísima Cibeles.

La mayoría de los ciudadanos son ajenos a lo que está ocurriendo en la nación helena, puesto que es complicado entender el comportamiento de los estados y el funcionamiento de la deuda y las cuentas públicas de un país. De entrada, aquí no caben teatros, sino un drama real que no sólo amenaza con hacer quebrar a Grecia (esto es, dejaría de pagar a sus inversores, quienes compraron las emisiones de una deuda que es precisamente la que sostiene a toda la Administración, incluidos los servicios públicos), sino arrastrar al resto de países que una prestigiosa publicación económica anglosajona tachara un día de pigs (cerdos): Portugal y España, y en menor medida Italia (también Irlanda, aunque a éste no le echaran semejante piropo).

Quienes adquieren deuda no son precisamente desconocidos. Usted mismo, sin saberlo, puede ser partícipe de bonos helenos, porque quizás la gestora de su plan de pensiones ha invertido en renta fija europea, y dentro de ésta, en la de Grecia. Pero su banco, además, puede ser también partícipe, y una suspensión de pagos del Estado le cogería con papel público mojado hasta Dios sabe cuándo.

El Gobierno heleno mintió sobre el estado real de sus cuentas públicas con el objetivo de entrar en el club del euro (que impone límites al déficit y la deuda) y sus mentiras se fueron dilatando año tras año, y eso ni se lo han perdonado los inversiones ni sus socios comunitarios, en especial Alemania, que no se cree la capacidad del país para enderezar sus excesos. Son lógicas esas reticencias, habida cuenta de que el plan de rescate con ayudas (vía créditos) correría a costa de las finanzas de quienes prestan, y nadie tiene la caja repleta, al contrario, paupérrima, de ahí que habría que emitir más deuda nacional, con el coste adicional que conlleva (abono de intereses).

El problema de esa desconfianza estriba en que el no auxilio condenaría a otros países, entre ellos España, y pondría en serio peligro a la propia Unión Económica y Monetaria (¿se imaginan cuatro o cinco socios en bancarrota?), de ahí las lógicas prisas del Gobierno de Zapatero a la hora de anunciar que soltaría el parné, y no por sacar pecho, que también hay que presumir para calmar a los mercados y que no se fijen tanto en nuestros males, sino por auténtica necesidad, una necesidad con mayúsculas. Y más teniendo en cuenta que la tragedia griega está revelando cuánta maldad puede deparar la especulación en los mercados.

Qué poco se ha aprendido de la crisis financiera internacional, qué manera de mover los dineros de aquí para allá para obtener la mayor rentabilidad aunque sea a costa del mal de todo un país. Para que se entienda. ¿Sube el riesgo-país? El Estado tiene que ofrecer más intereses para colocar sus emisiones. ¿Que los fondos especulativos se retiran? Pues los intereses vuelven a aumentar para que regresen, porque al fin y al cabo sus recursos son necesarios. Sí, es un círculo vicioso, al que Grecia no puede sino plegarse para obtener caja, y que puede salpicar a aquellas naciones que revelan unos números rojos más abultados.

En efecto, el nivel de déficit al que ha llegado España, fruto del combinado de medidas anticrisis y de la caída de ingresos que conlleva la crisis en sí, lo convierte, junto con Portugal, en el centro de la diana al que los inversores apuntarán sus dardos, y eso sería catastrófico para un país que presume de políticas sociales y de que éstas no se recortarán (¿?) duren lo que duren los nubarrones, dos años y medio ha que están sobre nuestros cielos. ¿Aguantaría mucho nuestro amplio Estado del Bienestar y las prestaciones sociales con un país en suspensión de pagos? Me temo que no. Fíjense cuán importante y cuánto nos puede afectar aquello que creemos tan lejano, cuando lo tenemos a un tiro de piedra, ahí en el Mediterráneo.

P. D.

La parva. Me da la impresión de que quien divulgó a la prensa que existían negociaciones entre seis o siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Granada, para forjar un SIP (alianza) tenía más ganas de reventar la operación que propiciar que ésta siguiera hacia adelante. El proyecto es muy bueno, sí, pero si Cajastur participa y, a la vez, tiene que digerir aún la intervenida Caja Castilla-La Mancha, ¿no parece estar concebido para que todas costeen ese muerto conquense? Y dado que Caja de Extremadura parece que se apunta a este SIP, a Cajasol le fallaría su operación Ruta de la Plata, salvo que Caja Badajoz, que dijo en su día no, diera ahora el sí y la entidad sevillana mirara a otras regiones, incluso de fuera de la Península Ibérica…

La simiente. Qué manera ha tenido Santiago Herrero de enmendarle la plana a la cúpula de la CEOE cuando ésta, sin analizar el documento del Gobierno sobre la reforma laboral, aseguraba que se sentía cerca de los planteamientos oficiales. El patrón andaluz se ha resarcido así de quienes, como él dijo, sin dar la cara, le criticaron por el acuerdo de la negociación colectiva, pues, sin analizarlo tampoco, lo desacreditaron. Al final también tuvieron que callarse la boca.

La paja. En todas las casas cuecen habas, incluso en la patronal Asaja de Andalucía, donde hay pelea entre la organización regional y la provincial de Huelva a cuenta del sector del cerdo ibérico. La asociación que preside Ricardo Serra lamenta que la dirigida por José Luis García Palacios sólo represente a los ganaderos tradicionales de bellota y critica, aunque a nivel interno, que se haya “plegado” a los intereses de las grandes cárnicas de Jabugo, la principal, Sánchez Romero Carvajal (5J). Y es que el ibérico no tiene que ser puro, sino que las mezclas de razas (puro con duroc y durocjersey) están autorizadas y arraigadas en el campo, e incluso entre unos clientes que huyen cada vez más de las grasas, y el ibérico puro es graso tela larga.

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La alcantarilla de las ayudas empresariales

Escalofríos me han entrado al leer el artículo de Ginés Donaire en El País donde anuncia el cierre de la planta de biodiésel de Linares, aquélla levantada hace apenas tres años sobre la antigua Azucareras Reunidas de Jaén. Y no me escandalizo por el cerrojazo en sí, uno más en esta ya larga crisis económica, sino por la veintena de millones de euros de ayudas públicas, que no salen de la chistera del mago, sino de nuestros bolsillos, recibidos para un proyecto que se va, hablando mal y pronto, al garete.

De entrada hagamos de abogados del diablo, que de salida sentenciaremos contra él. No podemos olvidar que fue la propia Comisión Europea la que, para adecuarse a una Organización Mundial del Comercio (OMC) cuyas reglas agrarias unos cumplen (los europeos) y otros procuran ignorar (los estadounidenses), llamó a la reestructuración de la industria azucarera comunitaria, que habría de recaer especialmente en los países menos productivos, caso de España, malditas sean la climatología y la presión ejercida por Francia y Alemania. ¿Cómo lo hizo?

Pues incentivando dos tipos de abandonos. Por un lado, el del cultivo de la remolacha azucarera, centenario en tierras andaluzas. Por el otro, el de las fábricas, subvencionando el cese de actividad y la reconversión hacia negocios distintos. Y cupo de producción que se pierde no se recupera.

Coincidió la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar con otra llamada de Bruselas, esta vez a los agricultores, para que sembraran energía, es decir, que optaran por los cultivos (cereales, oleaginosas) que sirven de materia prima para la elaboración de los biocombustibles (biodiésel, bioetanol). Una revolución verde que, aseguraba, iba a diversificar la actividad rural y a generar mayores ingresos a los productores.

Antes de pasar a las consecuencias de ese tanto vociferar comunitario, detengámonos en la industria. La reestructuración se emprendió, y con rapidez. Azucareras Reunidas de Jaén, otrora una próspera compañía en la provincia, cerró a cambio de las ayudas citadas, mientras que el grupo Ebro Puleva clausuró dos de sus tres plantas andaluzas y, a la larga –la operación se materializó el año pasado- terminaría vendiendo todo el negocio azucarero a la multinacional British Sugar. La tercera gran empresa del sector, la cooperativa castellanoleonesa Acor, saldría bien parada, puesto que en su área de influencia se concentra el mayor rendimiento remolachero de España, frente a la seca Andalucía, cuyo campo vio reducidas las siembras a un tercio respecto a la superficie tradicional.

Pero hablábamos de consecuencias, y ahí van. Por lo pronto, los proyectos de bioetanol y, especialmente, de biodiésel se dispararon por doquier, e implicaron tanto a grandes compañías, como Abengoa y Ebro Puleva, como a pequeñas. Más tarde, y tras estallar la burbuja inmobiliaria, la especulación en los mercados agrarios desembocó en un encarecimiento de los cereales y oleaginosas que, sumado al sí pero no del Gobierno a la hora de establecer por ley un porcentaje obligatorio de mezcla de biocombustibles y carburantes tradicionales (gasolina y gasoil) y a las reticencias –cuando no obstáculos- de las petroleras al respecto, que ven peligrar su negocio y, por tanto, poco ponen de su mano, acabarían por reducir la ansiada rentabilidad.

Sólo un dato. Las ocho plantas de biodiésel que actualmente están operativas en Andalucía (siete cuando cierre la de Linares) trabajan por debajo de su capacidad productiva, mientras que, paradojas de la OMC, se importan desde EEUU biocarburantes más baratos porque allí sí reciben una elevada subvención que los hace rentables.

Hasta aquí, todo cuesta arriba para la fábrica linarense, propiedad de la sociedad Libitec, cuyos gestores, no obstante, tampoco han atinado en el plan de negocio ni en la búsqueda de salidas, y ésa es su parte (gran parte) de responsabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurrirá con las multimillonarias ayudas públicas que ha recibido tanto de la Unión Europea como de la Junta de Andalucía. Y es que esa veintena larga de millones de euros (24) duele más si cabe en estos tiempos de crisis económica, y se irá por la alcantarilla si, al final, se consuma la clausura.

No sé cómo, pero la legislación comunitaria, española y andaluza deberían articular la fórmula para, si no todo al menos en parte, recuperar el dinero concedido a los proyectos empresariales fallidos, sea en metálico (poco probable), sea en activos (terrenos, edificios y maquinaria), y que tal devolución o compensación se ejecute por la vía de urgencia. Quisiera saber qué ha sido de las reclamaciones que, en este sentido, realizó la UE y el Gobierno autonómico a la multinacional estadounidense Delphi cuando se fue de la Bahía gaditana, si quedaron en meros titulares de prensa, y mal nos pese creo que sí. Loables son las subvenciones que se dan para que florezca el tejido productivo y, con él, el empleo, pero censurables si son para flor de un día.

P. D.

La parva (I). Dicen que el cajero tenía previsto presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros (FACA) y que se lo planteó a quien ejercía el cargo, Braulio Medel. Éste respondió: “Yo también me presento”. No había más que decir. Con cinco entidades socias, tres de ellas implicadas en una misma fusión y una cuarta con un presidente recién llegado, el rival no tenía posibilidades. Ni se atrevió.

La parva (II). La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha relevado al director general de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, quien llevaba en el cargo desde tiempos del consejero Paulino Plata. Sólo quedan dos supervivientes de la etapa de Isaías Pérez Saldaña: Ricardo Domínguez (Agroindustria) y Judith Anda (Producción Agraria). El resto del equipo de directores generales y otros altos cargos se renovó. A Martínez Aljama le sucede Pedro Antonio Zorrero, un hombre de la casa y también ampliamente vinculado a una gestión de fondos agrarios que siempre acarrea polémicas con los agricultores, porque éstos quieren cobrar a su tiempo las ayudas comunitarias, y sus ánimos se encrespan cuando existen retrasos y errores, como ha podido comprobar la consejera en los últimos meses.

La simiente. Las cajas rurales sí entienden de colaboración. Ahí están el grupo Caja Rural, el Banco Cooperativo, los dos movimientos de SIP (Sistema de Protección Institucional) que en estos momentos se negocian y el grupo forjado en torno a la andaluza Cajamar. El SIP encabezado, entre otras, por la sevillana Rural del Sur, y cuyo presidente, José Luis García Palacios, quiere llevar al Banco de España en mayo, tiene un antecedente. Un amplio número de cajas intentó hace unos años consolidar (unir) sus balances, pero el supervisor no respondió. Ahora, en cambio, le urge.

La paja (I). A poco que se analicen bien las cuentas de las cajas de ahorros andaluzas y se cotejen con sus informes sobre Gobierno Corporativo, donde se recogen los ingresos por venta de participadas, se comprobará cómo los beneficios de la mayoría de ellas se han sustentado sobre las plusvalías generadas por desinversiones, puesto que los resultados del negocio tradicional, buenos pese a la crisis, se los comieron las reservas por el aumento de la morosidad y las pérdidas por el deterioro de activos, procedentes sobre todo del ladrillo.

La paja (II). Medio en broma medio en serio, los arroceros sevillanos, siempre críticos con la política de compras de Herba y SOS, hablaron con el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler sobre la venta de la división arrocera de esa última compañía y la posibilidad de hacer una oferta andaluza. Pues sí, hay que reírse. Con lo contentos que están ellos siendo grandes en sus pequeñas cooperativas…

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