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Cajas como ánimas del purgatorio

Qué lástima que Juan Ramón Quintás se haya ido por la puerta de atrás al dimitir de la presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Encandilados nos dejó a todos cuando, en junio de 2008, pronunció una auténtica lección magistral sobre los orígenes de la crisis internacional y sus efectos financieros, económicos y sociales en Los Desayunos de El Correo de Andalucía. Durante su mandato, esas entidades han gozado de su mayor etapa de prosperidad, hasta el punto de acaparar la mitad del negocio financiero sin abandonar la dimensión social, pero ha caído en dos grandes errores, ambos en la etapa final de su cargo. El primero, intentar dejar atada y bien atada la sucesión, para la que había elegido, a dedo, al presidente de Ibercaja, Amado Franco. El segundo, decir las verdades bien dichas (más que error, virtud), y ahí quedan sus constantes críticas a la intromisión de los políticos, en especial los locales y autonómicos, y a un futuro que, reforma legal de por medio, apunta a unas cajas convertidas es semibancos.

Un inciso. No mintió, pero tampoco fue sincero ante los periodistas y, por ello, tuvo la peor de las marchas posibles. En la rueda de prensa posterior al consejo de administración de CECA que se celebró la semana pasada en Sevilla, Quintás guardó silencio sobre la dimisión que había presentado minutos antes, y se presentó como si no hubiera pasado nada y restando importancia a las divergencias internas, ésas mismas que desembocaron en su renuncia. ¿De verdad se creía que un asunto de tal trascendencia iba a quedar de puertas para adentro en un órgano del que participan casi una treintena de presidentes de cajas cuyas espadas estaban desenvainadas? Un poco iluso.

Pero vayamos al meollo de la cuestión. Lo que está realmente sobre la mesa es qué modelo de cajas de ahorros se quiere para el futuro, y éste está a la vuelta de la esquina, una vez que concluyan el proceso de reestructuración de las finanzas y la vigencia del fondo de rescate de entidades, el FROB. Dice Braulio Medel, presidente de la andaluza Unicaja y quien invitara a Quintás a dimitir para así facilitar la búsqueda de un candidato que suscite mayor consenso que Amado Franco (encontrado en Isidro Fainé, máximo ejecutivo de La Caixa, la más grande entre las grandes), que nadie cuestiona el origen social de estas entidades ni tampoco la forma en la que están concebidos sus órganos de gobierno, esto es, con representantes de los fundadores, los impositores (ahorradores), los empleados (sindicatos) y las administraciones autonómicas y locales (políticos). Pero, reconoce, dentro de la “autonomía de empresa”, a las cajas se les debe proporcionar un marco de “más flexibilidad, más variedad y más alternativas”. ¿Para qué? Pues para encontrar vías de financiación adicionales y reforzar sus fondos propios más allá de los ingresos que reportan los intereses por créditos concedidos, las operaciones financieras y las emisiones de deuda colocadas en unos mercados internacionales cada vez más sensibles (así se ha demostrado durante esta crisis) a cualquier variación en las calificaciones puestas por las agencias de medición del riesgo de una inversión.

Subyacen en este debate dos cuestiones. La primera, la posibilidad de emitir cuotas participativas (como las acciones de las compañías), contempladas ya por la legislación española, si bién ésta no permite ejercer los derechos políticos sobre las mismas (es decir, que quien las compre no puede votar en los órganos de gobierno) y pone límites a la participación y a los beneficios que cabe distribuir (vía dividendos). La segunda, que semejantes cuotas sí lleven aparejados los mismos derechos que cualquier accionista en una empresa, y esto suscita recelos, cuando no el rotundo rechazo, de los sindicatos, pues, argumentan, conllevan la privatización de las cajas, titular escandaloso pero erróneo por cuanto estas entidades son privadas por mucho que en sus asambleas y consejos se sienten representantes de la sociedad y de las administraciones.

Sólo la CAM ha emitido hasta ahora cuotas participativas, el resto no se ha atrevido, aunque el debate abierto está, y ahí queda la sugerencia lanzada hace dos semanas por el presidente de Cajasol, Antonio Pulido. A medio o largo plazo, señaló, hay que buscar alternativas de financiación, sea por allí, sea por allá. Eso sí, y en esto coincide con Medel, sin restar recursos a la Obra Social.

Si la última reforma legal tuvo en la composición de los órganos de gobierno la cuestión primordial, en la que prepara el Gobierno central, además de retocar esa cuestión, su eje vital será el de la financiación. Y he aquí donde reside la importancia de que sea un presidente u otro el que, a través de la patronal CECA, encarrile la negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda. Léase: que quien sustituya a Quintás sea un firme defensor de unas cajas de ahorros convertidas en semibancos aunque, eso sí, manteniendo su compromiso y representación social. Y en esta batalla están las grandes (no es casualidad el frente común que, en Sevilla, hicieran Medel, Fainé y el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, quien no peca precisamente de socialista), mientras que las pequeñas y medianas (caso de Ibercaja y de Amado Franco) bailarán al ritmo que aquéllas les marquen.

P.D.

La parva. Sigamos con estas ánimas del purgatorio que son las cajas, quizás nos den desagradables sorpresas esta Semana Santa. No se quivocaba El Correo de Andalucía cuando hace ahora tres semanas publicaba un análisis en el que advertía de que la fusión de Cajasur y Unicaja, tras ocho meses de negociaciones y un ultimátum del Banco de España de por medio, pintaba mal, muy mal. Primero, por las cuentas de la entidad cordobesa, que al cierre de 2009 certificaron el peor de los escenarios posibles (los anteriores gestores, con la Iglesia a la cabeza, deberían pagar por el deshonroso honor de haberla conducido a las peores pérdidas de toda la banca española) y con un aciago 2010 en el que ha de afrontar el pago de sus multimillonarias emisiones de deuda. Y segundo, por un pacto laboral que ni llega ni tiene atisbos de llegar. A Unicaja siguen sin cuadrarle los números (el jueves de la semana pasada ya abordó este tema con Antonio Ávila, hoy consejero de Economía, y éste, a su vez, con Carmen Martínez Aguayo, entonces titular de esa cartera, ahora de Hacienda). Los curas cajeros incluso han vuelto a sugerir que mejor ser intervenidos por el Banco de España que entregarse a Unicaja, y a uno, si no fuera porque tiene sangre fría, le pide el cuerpo decir a ver si es verdad y los expedientan e incluso sientan en el banquillo de los acusados. Las palabras del gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtiendo de que el legislador le había dado postestad para intervenir y liquidar una caja de ahorros cuando así lo estimara necesario y oportuno, eran otro clarísimo ultimátum a Cajasur. El pasado jueves la inquietud en Córdoba era máxima entre sus directivos. Ahora sí, ‘Mafo’ está dispuesto a intervenir porque las negociaciones están enquistadas. Ni siquiera esperará al plazo inicial del 30 de junio. Se acabó. Y aunque estemos en Semana Santa, aquí quien muere no resucita.

La simiente. Digámoslo alto y claro. Si Ignacio Sánchez Galán, máximo ejecutivo de Iberdrola, mantiene su enfrentamiento con Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS, principal accionista de la eléctrica, es porque no quiere que en su compañía ocurra igual que con la entrada de los Entrecanales en Endesa, esto es, ellos más enriquecidos aún y el grupo en manos de un tercero, en este caso Enel, previo troceo. Al menos así lo cuentan los más allegados a Sánchez Galán.

La paja. Pitas, pitas, pitas”. Mis viejos cuentan que las señoras de los caciques terratenientes de estas tierras del sur lanzaban mendrugos de pan a sus criados, como si de gallinas se trataran, para pagarles sus largas jornadas de trabajo y aprovechándosede que no tenían nada que llevarse a la boca. Puestos a practicar la demagogia, tendrá añoranzas de aquellos tiempos la señora marquesa…

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Ley del silencio en los 'lobbies'. Ordena Competencia

El silencio se ha impuesto en las asociaciones empresariales. Se trata de un silencio que obedece al miedo a ser sancionadas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, que ve por doquier prácticas restrictivas del libre mercado. Ya ni siquiera se atreven a elaborar estadísticas reservadas a sus propios socios para calibrar cómo va el negocio, qué porción del pastel tiene quién, y el contenido de las circulares internas se hace meramente informativo, sin recomendación alguna, restando, pues, buena parte del cometido de estos lobbies y dejando a los socios con la lógica pregunta para qué pago yo mi cuota si no me prestan los servicios que demando.

Pongamos un caso. La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, la patronal Anierac, donde se dan cita la mayor parte de las aceiteras españolas (las grandes incluidas), elaboraba anualmente una estadística con el volumen de producción de cada uno de sus socios por tipos de aceite (oliva, con sus variedades, orujo, girasol y semillas). Los datos se publicaban bajo la fórmula de ranking, y permitía, así, conocer no sólo el devenir de las compañías, con sus respectivas cuotas de mercado, sino también cómo marchaba la actividad del aceite en su conjunto.

En principio, esas estadísticas de Anierac eran públicas, mas los recelos de las industrias de ver sus datos en los medios de comunicación hicieron que se tornaran privadas, y sólo ellas tenían acceso, aunque, eso sí, eran vox populi. La prensa se hacía con ellos. “Eran un ejercicio de transparencia del propio sector frente a quienes, como las cooperativas, no revelan sus cifras exactas de producción ni se las puede controlar”, comenta el dueño de una reputada envasadora sevillana.

Sin embargo, las constantes inspecciones de Competencia y las últimas multas impuestas a las asociaciones de industriales de alimentación (de pollos, huevos, harinas, vinos de Jerez, la patronal FIAB, etcétera) han llevado a Anierac a prescindir de su estadística incluso para consumo interno, puesto que las autoridades podrían interpretar que inducen a alteraciones en el mercado, entre ellas los pactos para fijar precios.

No en vano, algunas de las sanciones más recientes de Competencia han estado sustentadas sobre declaraciones y comunicados de prensa de las asociaciones empresariales y de sus portavoces, pues, a juicio de los supervisores, incitaban a los socios a actuar de manera coordinada para, por ejemplo, trasladar al consumidor final el incremento de las cotizaciones de las materias primas.

No pocas aceiteras se han puesto en contacto con Anierac para ver qué ocurría con el ranking de 2009, y la respuesta ha sido un no podemos hacerlo y el envío, como justificación, de una Guía de Asociaciones Empresariales confeccionada por la Comisión Nacional de la Competencia y que enumera, más que sugiere, lo que éstas no pueden hacer. En uno de sus apartados dice textualmente: “[…] la elaboración de bases de datos, informes, anuarios estadísticos, etc. por una asociación empresarial a partir de la información proporcionada por sus asociados podría dar lugar o formar parte de un acuerdo de fijación de precios, de reparto de mercados o de otras condiciones comerciales, y estaría por tanto prohibida […] En la medida en que los competidores accedan a información comercial sensible (entre otros, facturación, precios, inversiones, gastos en publicidad, costes, clientes) y desagregada, mayor será el riesgo de distorsión de la competencia en el mercado, especialmente cuanto mayor sea la frecuencia de los datos que se intercambian y más actuales sean los mismos”.

En pro de la defensa del consumidor, ley del silencio, menos actividad de los lobbies, que deberán ceñirse a las estadísticas de consultoras especializadas en análisis de mercados, como son los casos de Alimarket y Nielsen. No dejo de preguntarme dónde está la transparencia informativa y, por otro lado, si no afecta al celoso organismo de Competencia, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, que la titular de este departamento, Elena Salgado, dijera ayer mismo que las empresas sólo repercutirán la mitad de la subida del IVA prevista a partir del próximo mes de julio. ¿No está mandando un mensaje al mercado y contribuyendo, con esta opinión, a orientar los precios?

P.D.

La parva. Las recientes medidas fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía y ayer concretadas por su consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, revelan cuán escaso margen de maniobra tienen los presupuestos andaluces para arbitrar más medidas anticrisis. 18 millones de euros de euros saben a muy poco…

La simiente (I). Al igual que su hermano Santiago en la CEA, Francisco Herrero afronta las elecciones en la Cámara de Comercio de Sevilla con la tranquilidad de que la suya será la candidatura única. Al margen de que no están los tiempos para divisiones internas, a Francisco Herrero se le reconoce un mayor empuje de la actividad de la institución cameral que en épocas pasadas.

La simiente (II). Juan Roig, presidente de Mercadona, reconoció durante el pasado jueves en la presentación de resultados de la cadena comercial en Valencia que él había “robado naranjas en el campo”, eso sí, durante su niñez. Lo reveló para explicar que las naranjas cogidas directamente del árbol son las mejores, aunque no tengan brillo e incluso sean feas, y así las vende en sus tiendas. Su presentación fue sencilla, tiene el don de la palabra. Todo su equipo directivo estuvo presente en la rueda de prensa, y fue sometido a examen por el propio Roig en presencia de los periodistas. Ningún empresario de la distribución se presta así a los aguijones de la prensa.

La paja. Confío en que Gerardo Díaz Ferrán no reserve para sus nietos los contratos basura para jóvenes que la CEOE ideó para la reforma laboral y del que al final ha desistido por impresentables. Aunque sólo sea por amor de abuelo…

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El viraje de Caja Granada

Una revolución silenciosa se está gestando en el seno de Caja Granada, que, hasta ahora, había revelado una defensa a ultranza de su independencia -y soledad en el caminar- en la configuración del nuevo mapa de las finanzas andaluzas. La renovación de sus órganos de gobierno y de la presidencia -de la que ha salido Antonio Claret García para dar entrada a Antonio Jara, profesor de Filosofía del Derecho y ex alcalde de la capital de la Alhambra, gracias al pacto entre socialistas y populares- ha creado un clima más propicio a las integraciones y alianzas con otras entidades y “en clave andaluza”, como sólo estaría dispuesto a tolerar la Junta de Andalucía.

Fuentes financieras, políticas y sindicales consultadas destacan que la salida de Claret y, en conjunto, la renovación parcial de la asamblea general y el consejo de administración traen un nuevo escenario en el que Numancia ya no es tan Numancia, “se ha dado cuenta de que no puede quedar sola y aislada entre tanto movimiento de las cajas de ahorros”. Ya no se esperan -añaden- reacciones enérgicas en torno al denominado Pacto del Saray -suscrito en 2001 por partidos, asociaciones empresariales y sindicatos de la provincia granadina y que dejaba a la entidad al margen del debate de las fusiones- y sí una “sosegada reflexión” respecto a qué quiere ser Caja Granada de mayor.

No en vano, si Antonio Claret García -cuya labor como gestor ha sido elogiada y, de hecho, será con probabilidad presidente ejecutivo del Banco Europeo de Finanzas, BEF o banco de las cajas andaluzas- hacía gala de un inmovilismo, su sucesor es todo lo contrario, al llegar con las manos tendidas, tanto hacia dentro de la propia caja -recordemos que en sus órganos se sientan partidos de distinta índole y también los sindicatos- como hacia el Gobierno andaluz y el resto de sus entidades hermanas.

Sus pasos están muy medidos. ¿Primera táctica? La ha llamado acuerdo estratégico de estabilidad institucional, que presentará de forma inminente al consejo de Caja Granada para lograr, indica, una “gran concordia social y política” en torno a esa entidad financiera.

Por tanto, el Pacto del Saray desaparecería -ya la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, señaló el verano pasado que este acuerdo había quedado desfasado- y vería la luz no tanto una muralla China, sino una defensa de su caja, de su papel para con la provincia, y abordando las cuestiones de futuro vía consenso y alejadas, pues, de ring del boxeo político. “Con una redacción que suponga un compromiso con su territorio, que guste a empresarios y a cuantos se sientan en ese órgano”, dicen las fuentes.

Con este sosiego por delante, cuya expresión máxima sucedió en septiembre pasado, cuando el PP y el PSOE pactaron, sin ruido, al sucesor de Claret, se abrirá la negociación oficial para fraguar alianzas -la extraoficial existe ya con Cajasol, aunque de manera incipiente-. ¿De qué tipo? Si bien se habla de cualquiera, están aún frescas las “sensibilidades” como para que la caja granadina se embarque en un proceso de fusión puro y duro, aunque sea dentro de Andalucía. “(Esta entidad) no estará en ninguna operación que fragilice el sistema financiero andaluz”, comentó Antonio Jara en su reciente visita institucional al jefe del Ejecutivo regional, José Antonio Griñán. Aunque, como es el caso de Cajasol con Caja de Guadalajara, también es posible una integración con entidades de otras comunidades, siempre que la sede social sea andaluza.

En el partido que sustenta el Ejecutivo de Andalucía, el PSOE, gusta especialmente la sintonía entre Granada y Sevilla. Se cumpliría así la denominada teoría de las dos torres: una tendría de líder a la entidad que resulte de la inminente fusión de Unicaja, Caja de Jaén y Cajasur, y la otra, la alianza entre Cajasol y Caja de Granada.”¿Dos torres?”, se pregunta un alto cargo del PSOE regional. “¿Y por qué no una sola vía SIP”? El dirigente socialista hace, con esta insinuación, referencia a una futura alianza reforzada o Sistema Institucional de Protección -las entidades implicadas consolidan sus cuentas en una sola sociedad, aunque asegurando la independencia de cada una de ellas y sus marcas- entre las tres andaluzas. Aunque esa idea, reconoce, aún está lejana.

Por lo pronto, y después de las operaciones de Cajasol y Caja de Guadalajara y de Unicajasur, se abre la llamada Ruta de la Plata para la presidida por Antonio Pulido. Y si bien hay contactos muy sólidos, hasta el punto de que se barajaba una alianza con Caja de Extremadura antes de mayo, “es posible que todavía no se mueva ficha, que se aguarde hasta 2011 después de las elecciones, que en el caso extremeño coinciden las autonómicas y municipales”, indican fuentes políticas. Otras, financieras ellas, ven ese proceso más cercano.

Lo que sí está claro es que Cajasol y Caja de Granada están por la labor de un SIP -e incluso con prioridad respecto a operaciones de menor calado, que Pulido ha dicho que llegarán-. Sirva como adelanto esta frase de Jara: “Tenemos que crecer. A la caja le va en ello su futuro”.

P. D.

La parva (I). Deben reflexionar los sindicatos UGT y CCOO sobre las recientes y descafeinadas manifestaciones contra la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno. Por un lado, es muy complicado que consigan un respaldo masivo si andan con titubeos, en un sí pero no contra el Gobierno, porque si las protestas eran un mero aviso, ¿había necesidad de salir a las calles o eran los sindicatos los que tenían necesidad de justificarse ante los afiliados? Por otro, en estos momentos de crisis económica, las movilizaciones hubieran sido más numerosas si se hubieran concebido contra el paro y para reclamar más medidas de creación de empleo, porque a quien hoy le falta trabajo quizás le dé igual alargar su vida laboral dos años más en el futuro. Y, por último, la reforma de las pensiones no es inmediata, y además está llamada a la negociación, mientras que el drama del paro es actual, y en esta crisis económica los sindicatos, recordemos, siempre han reclamado medidas para la inmediatez.

La parva (II). La presentación del concurso voluntario de acreedores por parte de Astilleros de Huelva no causa sorpresa, sino que era esperada. Cuando la atarazana solicitó al juez que la protegiera durante tres meses frente a los acreedores, tal petición, y según establece la legislación mercantil, llevaba implícita la obligatoriedad de suspender pagos transcurrido dicho plazo, existiera acuerdo o no con aquéllos, tal y como informó en su día El Correo de Andalucía. Es decir, que es un trámite judicial. Ahora con nuevos gestores y con la mediación de la Junta de Andalucía, es más posible que antes que aflore un convenio de acreedores satisfactorio que dé tranquilidad para encauzar el futuro de la compañía naval.

La simiente. Después de casi una década pleiteando, la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (Faeca) ha conseguido que los tribunales le den la razón final respecto a la existencia de la sociedad Cecasa, creada en 2000 para almacenar aceite de oliva ante eventuales crisis de precios. Esta empresa fue cuestionada por las autoridades españolas de la Competencia, que la consideraron un mecanismo para fijar precios, algo prohibido por la legislación. El éxito judicial da aires a Cecasa y, de hecho, hay planes inmediatos previstos para su actividad, máxime cuando el sector olivarero está reclamando, por segunda vez en un solo año, que Bruselas autorice la apertura del almacenamiento privado (por el que se reciben ayudas) para sostener las cotizaciones del aceite.

La paja. Estos políticos me cansan, la verdad. Al hablar del paro, llevan un año mencionando de la desaceleración del ritmo del crecimiento, que suena así como la parte contratante de la primera parte. Seamos claros, por favor. Si el desempleo mantuviera los mismos aumentos porcentuales que en 2008 y 2009, en España no habría 4 millones de parados, sino 5 o 6, y en Andalucía no habría un millón, sino millón y medio o dos millones. Es lógico que, en términos porcentuales, la sangría laboral se vaya reduciendo, entre otras cosas porque cada vez es menor la sangre que derramar. Pero estos políticos se aferran a la estadística, que lo aguanta todo. Me pregunto si de verdad se lo creen o es consuelo de…

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