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Quiero mi aeropuerto

El modelo de gestión aeroportuaria presentado por el ministro de Fomento, José Blanco, ni es nuevo ni inminente. Ya en agosto de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto que presentara la titular de ese departamento, la andaluza Magdalena Álvarez -qué poca memoria hay-, y tanto entonces como ahora llovieron las críticas de los catalanes y la petición por parte de la Junta de Andalucía de tomar parte activa en un plan que conlleva la privatización parcial de los aeropuertos con la entrada del capital privado.

Temor tengo a que tantas manos (las administraciones central, autonómica y local y las Cámaras de Comercio, según lo previsto) tomen parte en la gestión de unos aeródromos -la inmensa mayoría en números rojos con cargo a los bolsillos de los contribuyentes- sobre los que ha de prevalecer el interés general y nacional.

No quiero ni pensar que, con un traspaso parcial de competencias, se alterare la interdependencia que unos aeropuertos tienen de otros porque cada autonomía revele la tentación de tirar para su propio monte (como estamos sobradamente acostumbrados) y no para el monte común, sobre todo en aquéllas donde el sentimiento nacionalista está más arraigado, y no quiero señalar a nadie.

Entiendo, por ejemplo, un traspaso de competencias sobre el transporte ferroviario de Cercanías, que atañe a núcleos poblacionales cercanos, pero no en los casos del AVE o la Larga Distancia, que conectan distintas regiones. Para eso está, digo yo, la coordinación general por parte del Gobierno del Estado, y éste es más que el conjunto de sus autonomías, para lo bueno y para lo malo.

Fijémonos, por lo demás, en una de las grandes barbaridades de la actuación regional, directa o indirecta -y esta última, vía presión sobre las cajas de ahorros- en materia de transporte aéreo: la construcción del aeropuerto privado Don Quijote, en Ciudad Real, que ahí lo tenemos sin actividad, muriéndose de risa y arrastrando las cuentas de la depauperada Caja Castilla-La Mancha (qué suerte tuvo Cajasol al retirarse a tiempo, y con plusvalías, de su sociedad promotora).

Eso sí, también hay actuaciones autonómicas de mérito, como la desplegada por la andaluza para establecer una línea aérea entre las distantes Sevilla y Almería, un acierto a todas luces, aunque habrá que esperar al nivel de ocupación que genere la conexión para calibrar si compensa el coste con cargo a las arcas públicas de la Junta de Andalucía.

De todas formas, queda rato para que los planes de Pepiño salgan adelante -como muy pronto, 2011-, y serán pocos los aeródromos que combinen esa participación privada y autonómica, pues la intención es incluir en el paquete únicamente a la media docena con mayor volumen de tráfico (al margen de Barajas, El Prat, por supuesto), y en Andalucía sólo tiene tal mérito el de Málaga. Será raro que una comunidad grite un quiero mi aeropuerto si éste no es rentable.

P.D.

La parva. La naval en casa de Soler

Sólo horas han pasado desde que la Junta de Andalucía pusiera en la senda de la solución el problema de Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla y el problema, de nuevo, le acaba de entrar por la puerta, y esta vez no hay enemigos de fuera contra los que cargar (los accionistas de esas atarazanas), sino que las culpas irán a partir de ahora hacia el consejero andaluz de Innovación, Martín Soler, cuyo departamento ha llevado las riendas de las largas negociaciones para poner la industria naval en rumbo.

Suma paciencia ha tenido Soler, con no pocos desplantes por parte de los dueños, y la que le queda. Por un lado, las protestas de los empleados que, como es legítimo, quieren cobrar sus sueldos, y como ya no pueden reclamárselos al armador, pues lo harán a la Junta de Andalucía, la misma que avaló los créditos para que pudieran percibir los salarios atrasados.

Si en breve no reciben su remuneración, manifestación contra el Gobierno andaluz, según ha anunciado la plantilla del astillero hispalense, ya regido por un nuevo apoderado puesto mediante acuerdo entre sindicatos y Ejecutivo regional y que desembarca con tres objetivos principales: renegociar los contratos que están en riesgo, preparar la entrada de nuevos accionistas y asegurar el empleo.

Pero el laboral no es el único frente al que habrá de enfrentarse el titular de Innovación. Por un lado está el empresarial, al tener que desplegar el plan de viabilidad de ambas factorías y configurar, además, un entramado industrial que emplee a los trabajadores sobrantes de Huelva -está en camino-.

Por otro, el político, puesto que el Partido Popular de Andalucía está ya pidiendo explicaciones sobre la forma en la que se ha llevado a cabo ese rescate de los astilleros, incluso poniendo en cuestión el sueldo que cobrará el nuevo apoderado del centro onubense.

Todo parece indicar que esas metas de la Junta de Andalucía se podrán alcanzar. De lo contrario, tendrá que soportar una nueva Delphi, una nueva Santana.

La simiente. El hilo de Herrero

Está hilado con maestría el principio de acuerdo para la negociación colectiva que regirá la evolución de los salarios de más de doce millones de trabajadores en España.

Su principal virtud, la de adaptarse a la actual crisis económica, con unos sindicatos que han tomado conciencia de la gravedad de la situación que viven las empresas, de ahí que hayan cedido a la moderación de los sueldos -¿qué ocurrirá en sectores como la construcción donde se están reclamando aumentos superiores pactados con anterioridad?-.

Pero no es el único logro cosechado por la patronal, que ha tenido en el andaluz Santiago Herrero (el presidente de la CEA y también de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE) a un hábil negociador. No ha salido en la foto de la rúbrica (sí Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas), pero estaba a la sombra.

En efecto, el empresario podrá amoldar las horquillas de incremento salarial acordadas para el próximo trienio, de manera que si perjudican la estabilidad del negocio, podrían no aplicarse. Teniendo en cuenta que la crisis va para rato, esta letra pequeña se hace grande.

Y aquí Herrero ha estado al quite. De negociación en Andalucía sabe tela.

Los sindicatos logran reivindicaciones muy arraigadas en su discurso. Un marco duradero -tres años-, la salvaguarda del poder adquisitivo de los trabajadores en el conjunto del periodo, quitar la dispersión geográfica (fuera las provincias) para reducir los ámbitos de negociación y sus interlocutores y, por último, el compromiso -sólo compromiso- de restringir los contratos temporales y la prioridad -como objetivo- de mantener y recuperar el empleo.

Herrero ha hecho bien su trabajo.

La paja. Los políticos y el Rey

El intento del Rey por acercar posturas entre las grandes fuerzas políticas y sociales para que remen en el mismo sentido, el que ha de sacarnos de la crisis económica, no es nuevo. Dos años lleva el monarca hablando de esa necesidad en su tradicional discurso de Nochebuena (que, recordemos, es el único que escribe de su puño y letra, porque el resto se lo dictan).

Tres cosas me han sorprendido de las reacciones a la iniciativa de Don Juan Carlos. Primero, la posición a la defensiva (tan asentada en el actual Gobierno) del PSOE. Segundo, los recelos del PP. Y tercero, las críticas de CiU matizando que acercar posturas corresponde a los políticos, y no a la Corona.

Pues aquí quería llegar. Dado que la actual clase política es incompetente para alcanzar pactos de Estado –entre otras cosas porque hay quienes no creen siquiera en ese Estado- y sólo miran por sus intereses de partido, ya era hora que el Rey dijera esta boca es mía. No hará nada, no lo puede hacer, pero al menos deja públicamente en evidencia las incompetencias de los políticos que tenemos.

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Este Gobierno no llega a los 67

Este Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está aquejado de un gravísimo problema de comunicación y otro no menos gravísimo de credibilidad. Tanto que cunde la sensación de que hará justamente lo contrario de lo que dice, y lo peor de todo es que entre esto y aquello apenas median días. No estamos hablando de sus fallidas previsiones macroeconómicas y del paro, sino de la negación de la evidencia, que peligrosamente lleva aparejada la mentira. No vamos a subir los impuestos, y suben. No van a ser perjudicadas las clases medias, y lo son. No está en peligro la Seguridad Social, y lo está. No vamos a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación, y la retrasa a los 67 años… Ni sabe actuar, porque improvisa, ni sabe explicarse, porque confunde y escandaliza. Lamentable.

No hay ni un solo informe de la OCDE o de la Comisión Europea en al menos la última década que no recomiende a España emprender sendas reformas, y profundas, en el mercado de trabajo y en el sistema público de pensiones, y a estas voces se suman el Banco de España y no pocas instituciones económicas y empresariales del país. Pero el Gobierno, quizás porque vivíamos en épocas de vacas gordas, se negó a asumir tales consejos y ahora, cuando están ya no flacas sino famélicas, se da cuenta de que algo hay que hacer, habida cuenta de la sangría laboral y de que las cuentas públicas hacen aguas. Se hará realidad la sentencia divina de parirás con dolor.

¿A quién se le ocurre filtrar una parte de la reforma de las pensiones, la que atañe al delicado asunto de retrasar la edad de jubilación, sin explicarla por entero y presentar los argumentos que la sustentan? Sólo a un Gobierno acostumbrado a dar marcha atrás en sus propios globos sonda y que vuelve a revelar, como en tiempos de Pedro Solbes, que hay muchos ministros que juegan a serlo de Economía, como si los ciudadanos no estuvieran ya hartos de esta crisis, del crecimiento del desempleo, de las incoherencias del propio Ejecutivo y, esto para Andalucía, de las tensiones internas por el liderazgo de los socialistas.

Pero si uno, el PSOE, es incongruente, otro, el PP, es cínico a más no poder, subiéndose a una ola de populismo para aprovechar que el populus quiere soluciones y, de paso, cargar contra quienes gobiernan y no se las dan. Estoy seguro de que el próximo viernes, cuando el Ejecutivo de Zapatero se atreva a presentar su propuesta para la reforma laboral, los populares se llevarán las manos a la cabeza a pesar de que la demandan (en este terreno, como en muchos otros, su sintonía con la patronal CEOE es cuasi plena), al igual que en su día reclamaban medidas, como el retraso en la edad de jubilación, que evitaran el colapso futuro del sistema público de pensiones.

Que se prolongue la vida laboral más allá de los actuales 65 años no es una mala iniciativa, porque no pocos trabajadores se sienten aún activos a esa edad y preferirían permanecer en el mercado de trabajo antes que jubilarse. Pero hacerlo con carácter obligatorio, y sin diferenciar entre profesiones, porque no todas son la misma, es cuanto menos paradójico en un país que ha abusado hasta la saciedad de las prejubilaciones a quienes ni siquiera habían cumplido los 50 años, y esto tanto en la empresa privada (cofinanciado su coste con dinero del Estado) como en la pública (Bazán, Astilleros, mineros…).

En la edificación de la propuesta para reformar las pensiones, por lo demás, se ha iniciado la casa por el tejado, sin cimientos ni muros, con la excusa de que ha de ser negociada. Tres cuartos de lo mismo ocurrió con ese cajón desastre llamado Ley de Economía Sostenible, que Zapatero, por sorpresa, se sacó de la manga en un mitin de fin de semana celebrado en Dos Hermanas. Y las cosas no pueden ni deben hacerse así. Política de comunicación, cero.

A este Gobierno el miedo le puede, y el miedo es muy mal consejero, conduce a la inactividad. Lo que no ha afrontado en los últimos dos años, desde que arrancara la crisis económica, pretende hacerlo precisamente ahora, en el peor escenario posible. Le costará la Moncloa, salvo que pueda subirse a la pequeña ola que, al menos eso se espera, surja en vísperas de las próximas elecciones generales.

P. D.

La parva. Se sorprendía José Luis Ros, presidente de Caja de Guadalajara, de la expectación que se había levantado en Sevilla con la fusión de esta entidad y Cajasol. Si hubiera vivido en Andalucía en la última década, no se habría sorprendido tanto, porque aquí hemos asistido a una permanente polémica en torno al sistema financiero regional: ley de cajas de Magdalena Álvarez, guerra entre ésta y Cajasur, los díscolos presidentes de El Monte y San Fernando, la huida de la entidad fundada por la Iglesia al cobijo del Gobierno del PP, la discutible gestión del cura Castillejo, el regreso de la caja cordobesa a la tutela de la Junta, la gestación de Cajasol, el intento fallido de matrimonio entre Unicaja y Caja Castilla-La Mancha, el arduo camino del enlace entre la malagueña y la cordobesa, la presión de los canónigos… Pues sí, la paz con que Cajasol y Caja de Guadalajara han afrontado su operación sí es una sorpresa. Grata.

La simiente. El presidente de Ebro Puleva, el sevillano Antonio Hernández Callejas, prosigue con su estrategia de reorganizar los negocios del grupo, desprendiéndose de los que menos rentabilidad generan. Fue el caso de la actividad azucarera y ahora lo será de la láctea, pues sopesa desprenderse de Puleva, empresa de referencia en Granada, para concentrarse en el arroz, las pastas y productos de la alimentación funcional (aquí es clave la fábrica prevista en La Rinconada). Ni sería Ebro (azucarera) ni sería Puleva (leche). ¿Perderá el nombre? Le sugerimos uno nuevo, el sevillano Herba (arrocera de San Juan de Aznalfarache).

La paja. Que no vengan ahora Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, ni Javier Arenas, presidente de los populares andaluces, a denunciar el intervencionismo político de la Junta de Andalucía en los órganos de dirección de las cajas de ahorros radicadas en la comunidad ni a postular la despolitización de estas entidades. Su discurso, sencillamente, no es creíble después de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, captadas a micrófono abierto, jactándose de haberle quitado un puesto en el consejo de Caja Madrid al “hijo puta” para dárselo a IU. Tremendamente reveladoras estas palabras, aunque barriobajeras en exceso para la señora marquesa.

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