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Un millón de parados… más o menos

Mañana se publica la estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2009 y, por tanto, la que marca el análisis del conjunto del ejercicio. Existe temor, auténtico miedo, en el Gobierno por los negros datos que puedan aflorar para un país, España, que, por el impacto de los planes anticrisis -sobre todo, las obras municipales- y la temporada alta en el turismo, disfrutó de una suave mejoría en el número de parados para el periodo julio-septiembre (4.123.300 frente a los 4.137.500 del trimestre anterior). Pero ese alivio podría haberse esfumado, como ya han avanzado las cifras del desempleo registrado en las oficinas del INEM, dejando en un espejismo la mejoría en el mercado laboral. Los sudores corren especialmente en el Ejecutivo andaluz, donde preocupa que se rebase la psicológica barrera de un millón de personas sin poder trabajar, dado que 994.400 eran las contabilizadas en el arranque del otoño.

Pero al margen de este listón, hay una serie de incongruencias en los datos oficiales del paro por la confluencia de estadísticas distintas, con metodologías que divergen e invitan en cierta medida a la confusión. Y la clave está en que la EPA, como su nombre indica, es una encuesta, no un registro como son los listados del INEM (en Andalucía, oficinas del SAE) y los de las afiliaciones a la Seguridad Social, los otros dos grandes indicadores que calibran la evolución que existe en el mercado de trabajo.

Dentro de este contexto, aflora una comparación que chirría sobremanera. Así, no pocos economistas se preguntan el porqué en 2009 -de hecho, antes no sucedía- la EPA revelaba para ciertas comunidades autónomas un menor número de ocupados del que, al menos en teoría, debería haber al cotejarlo con los afiliados a la Seguridad Social.En efecto, durante el primer trimestre dio la cara para el País Vasco y Extremadura, para el segundo, en Cataluña, Andalucía y, de nuevo, en el País Vasco, y para el tercero, otra vez en esta región y las andaluza y extremeña. Esa aparente contradicción, en cambio, no se da para el conjunto del Estado, donde siempre la cifra de ocupados de la EPA supera, y con creces, al conteo de afiliados. En el tercer trimestre, por ejemplo, éstos eran 18.026.653 frente a los 18.870.200 españoles con empleo de la encuesta, una diferencia de 843.547.

Y lo que no cuadra es que sea al revés, que ese volumen de ocupados de la EPA sea más bajo que el registrado en la Seguridad Social -en teoría, todos los que trabajan tienen que estar dados de alta en el sistema-. Veamos, por ejemplo, qué ocurre en la región de Andalucía.Entre abril y junio, la EPA, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, calculaba en esta comunidad 2.931.300 personas ocupadas, 13.737 menos que los andaluces afiliados a la Seguridad Social. En el tercer trimestre, tal diferencia se duplicaba (31.617). Por el contrario, la encuesta para el primero mostraba 55.688 ocupados por encima del promedio de afiliaciones.

Entre las explicaciones cabría recurrir al vaivén de las campañas agrícolas, que duran por días o semanas y así se constata en la búsqueda de peonadas (jornales) necesarias para poder percibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. La metodología de la EPA indica que el encuestador que envía el INE pregunta al entrevistado si trabajaba o no la semana anterior, no la presente, de forma que puede ocurrir que entonces no, y ahora sí. Un matiz: ni en Cataluña ni en el País Vasco se percibe el subsidio agrario, de ahí que este argumento se quede corto.

Las divergencias entre la EPA y el INEM al contabilizar los parados es harina de otro costal. En este último organismo se inscribe, por voluntad propia, el desempleado con su nombre y apellidos, a modo de censo, mientras que los resultados de aquella encuesta son una extrapolación estadística. Así, la EPA los calculaba para Andalucía en 994.400 en el tercer trimestre y el INEM los rebajaba a 823.530. Son muchos los que no tienen trabajo y, sin embargo, no acuden a apuntarse al registro.

Sea como fuere, este último es el que está cuestionado -por no contemplar a la totalidad de los parados y excluir también a ciertos colectivos, como los que perciben ayudas para cursos de formación-, mientras que la metodología de la EPA es la única homologada por la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat. Por tanto, mañana, tanto si se supera la barrera del millón de parados como si se queda a las puertas, al número de Andalucía le precederá un más o menos.

P.D.

La parva. ¿Cómo le habrá sentado a Cajasol que Unicaja haya instalado la exposición conmemorativa de su 125 aniversario en la Plaza de San Francisco, justo a las puertas de la sede principal de la entidad sevillana? Qué difícil sería para Cajasol colocar una muestra similar en Málaga…

La simiente. El próximo comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el rumano Dacian Ciolos, se iba a estrenar en Sevilla en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, promovido por la patronal agraria Asaja. Sin embargo, el retraso en los nombramientos de los nuevos miembros de la Comisión Europea ha impedido al final que Ciclos inaugurara mandato en Sevilla. Aun así, Asaja ha logrado traer al que será su jefe de gabinete (portavoz con amplias competencias) del comisario, Georg Häusler.

La paja. En tiempos de crisis económica e incremento del desempleo, el que el PSOE de Andalucía, que ejerce el Gobierno en esta comunidad, esté enfrascado en disputas de liderazgo da tal mala imagen entre los ciudadanos que terminará sufriendo el castigo electoral. Quien no tiene trabajo no entiende que se pierdan esfuerzos en guerrillas internas.

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La ‘PAC andaluza’ se somete a revisión

La Consejería de Agricultura, por mandato del presidente andaluz, José Antonio Griñán, se dispone a revisar su estrategia agraria en vísperas de que, en el marco de la Unión Europea (UE), arranque el debate real para reformar la PAC (Política Agrícola Común) dentro de las negociaciones del nuevo presupuesto comunitario que vendrá a partir de 2013.

En teoría, las mesas gestadas entre el departamento de la consejera Clara Aguilera y el campo –organizaciones agrarias– han de servir sólo para calibrar la situación de la agricultura regional en el contexto de una crisis de la economía que el sector sufre por partida doble: caen la demanda y los precios en origen. En la práctica, la amplitud de temas abordados al efecto lleva implícita una reflexión sobre qué orientación dar a las políticas agroganaderas autonómicas con las miras puestas en un 2013 que, probablemente, no llegará tan cargado de ayudas comunitarias como hasta ahora (por campaña, alrededor de 1.800 millones de euros).

En suma, que más allá de planes de choque que solventen problemas puntuales, esas mesas de trabajo constituyen una reflexión sobre qué hay que hacer. Se trata, según apuntan fuentes de las asociaciones agrarias andaluzas, de un debate más rico aún que el ordenado por José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid. O al menos así se espera.

No en vano, los agrarios aplauden el giro de ciento ochenta grados operado por el presidente de la Junta de Andalucía en su concepción sobre el papel de la agricultura en el cambio del modelo de economía hacia el que se pretende caminar. Lo destacó Griñán en la presentación, el pasado mes, del nuevo plan agroindustrial, el primero pactado con los agentes sociales en el seno de la concertación regional. No es casual que sea el primero, dijo.

A Zapatero, por su parte, le ha costado más tiempo aceptar el carácter estratégico del campo y tan sólo lo hizo cuando, en la misma capital del reino, tuvo que toparse con decenas de miles de agricultores de toda España, en una manifestación de las que hacen historia agraria. ¿Qué denunciaban? “Somos los grandes olvidados de la crisis económica”.

No en vano, ni el proyecto de Ley de Economía Sostenible contemplaba mención alguna para el campo. Se olvidaba, en efecto, de que la española es la segunda potencia agraria de la Unión Europea –tras Francia–, básica para la economía rural y que emplea –al margen del sector agroindustrial– a más de 900.000 personas.

Si nos ceñimos a las mesas de trabajo citadas para Andalucía, el ámbito de análisis abarca desde el estudio de la formación de precios y mercados hasta la mejora de la competitividad, pasando por la fiscalidad, el impacto de la regulación para los fitosanitarios (o pesticidas), los canales de información, la gestación de redes de seguridad para los precios, el relevo generacional, la PAC y su reforma, el aprovechamiento de la biomasa o los llamados acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y los países terceros, en especial del Norte de África, que son los que compiten con el agro andaluz por tener una climatología similar.

Por tanto, de esa relación cabe concluir que no se tratarán solamente asuntos exclusivos para la resolución del impacto de la actual crisis en el bolsillo de los agricultores, sino que se inicia junto con los protagonistas, esos agricultores, un debate para exponer qué se hace ahora y qué podemos hacer de cara al futuro cuando el sostén de las subvenciones venga a menos. Llamémosle revisión de la PAC andaluza.

Como dicen las fuentes agrarias, no vale sólo con apuntar con dedo acusador a Bruselas. “Aquí se pueden afrontar cosas”.

P. D.

La parva. Una de las mayores cadenas de supermercados de España ha enviado a cada uno de sus directivos una peseta plastificada. Ni un céntimo siquiera, una peseta. El motivo, que sepan cuán importante es el ahorro para los resultados de la compañía, y que cada peseta cuenta en estos tiempos de crisis.

La simiente. Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Puleva, está resolviendo, y sin conflicto, cada uno de los problemas que se le presentan en Andalucía. El último ejemplo, el cierre de la azucarera de San José de La Rinconada, cuyos terrenos podrán acoger viviendas siempre y cuando la empresa continúe en el municipio. Sólo está pendiente la recalificación del suelo de la arrocera de San Juan de Aznalfarache y que mejore el mercado inmobiliario para instalar el megacomplejo industrial previsto para La Puebla del Río.

La paja. Que haya entidades financieras que cobren comisiones por las transferencias de ayuda humanitaria a Haití es una vergüenza. Sus responsables tienen un corazón pesetero, si es que tienen corazón.

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Una reforma laboral ‘light’

Tras la ruptura del diálogo social el pasado verano, el Gobierno decidió legislar por su cuenta y estableció en 420 euros la ayuda mensual a los parados que hubieran agotado la prestación por desempleo. Para los beneficiarios fue un respiro, pero para el mercado laboral, ni fu ni fa. A los sindicatos no les convencía esa cantidad y a los empresarios les daba igual, si bien advertían de su impacto sobre las cuentas estatales. Pero la legislación sobre la fuerza del trabajo, que, en opinión de numerosas instituciones económicas tanto nacionales como internacionales necesita cambios, no podía quedarse ahí, y ahora, a regañadientes, el Ejecutivo prepara una batería de medidas que presentará a mediados de mes a los agentes sociales y conformarán una reforma suave, light, temeroso del desgaste electoral que pueda tener.

En efecto, no es lo mismo que el Gobierno diga que hará lo que pacten patronal y centrales sindicales, pues a sus posturas maximalistas cabe siempre decirles no –así ocurrió al considerar “líneas rojas” los planteamientos de la CEOE del nuevo contrato con menos coste por despido y la rebaja de las cotizaciones en cinco puntos para el empresario–, que ser él mismo quien ponga sobre la mesa los puntos de partida de la negociación.

Tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, son todo prudencia, aunque de sus declaraciones cabe colegir que la reforma laboral –los analistas dicen que es uno de los principales cambios estructurales pendientes en la economía española, si no el primerísimo– no traerá grandes alteraciones en lo que a los contratos se refiere, limitándose a introducir mejoras en los incentivos y dar más peso a la negociación colectiva entre patronos y sindicatos.

Por lo pronto, serán los jóvenes y también los colectivos con riesgo de exclusión los únicos por los que el empresario cobrará incentivos a la contratación. Se pretende así corregir la elevada temporalidad en el puesto y, además, el encadenamiento de contratos que soportan. Gusta a los sindicatos, no tanto a los empresarios, que no resuelven el coste de sus plantillas ni el totum revolutum de las modalidades actuales de contratos y que dan pie al fraude, en especial en esos llamados por obra y servicio y que terminan por eternizarse.

Las microempresas, además, tendrían prioridad al repartir las bonificaciones a la Seguridad Social, erradicando así la absorción por parte de las pymes y las grandes compañías. Mientras tanto, el mayor guiño a la patronal se revela a través de dos vías: más ayudas para los emprendedores y un plan de lucha contra el absentismo laboral, que esta crisis económica ha sacado a la luz su amplitud –bajó en 2009 a casi la mitad ante el temor a perder el puesto de trabajo–.
Tal y como estaba previsto, no se alargará la vida laboral de los trabajadores más allá de los actuales 65 años que fija la ley, pero se incentivará la permanencia en el puesto de trabajo pasada esta edad, por el bien de las cuentas de la Seguridad Social y las pensiones futuras. Es decir, no obligatorio, sí voluntario, nada impuesto.

Ciertos aspectos del llamado modelo alemán, que permite a la empresa en crisis reducir la jornada laboral y que el trabajador tenga compensación (o subsidio) del Estado hasta completar la nómina, serán adoptados. Se trata de una clave para impedir el desmesurado incremento del paro, pues en España, aunque existen posibilidades similares –en la legislación sobre expedientes de regulación de empleo– se opta preferentemente por la extinción de los contratos. Esa compensación vendría ligada a la asistencia a cursos de formación.

Y he aquí que aflora el eje central de la reforma: la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos (convenios sectoriales, de empresa). Ganará peso, para alegría de unos sindicatos que van a ver reforzado su papel, y se presupone que así se diluirán algo las rigideces de la legislación laboral, adaptándose a lo que la situación global de la economía o la particular de cada empresa requiera.

Por lo demás, la reforma, que el Gobierno aspira a perfilar a lo largo del primer cuatrimestre, va a venir pareja al debate de la reforma de las pensiones –cambios que afectarán sobre todo a las de viudedad y al número de años de cotización que dan el derecho a cobrarlas– en el marco del Pacto de Toledo.

El diálogo social, según Corbacho, se reanudará esta semana o a principios de la próxima, y los planteamientos del Ejecutivos son, dice, flexibles. Sólo el mero hecho de que las tres partes se vuelvan a sentar supone un balón de oxígeno a la confianza.

P.D.

La parva. Las grandes empresas no siempre sirven de ejemplo. Hasta el último minuto aprovechan algunas para presentar sus cuentas al Registro Mercantil de Sevilla. El 31 de diciembre pasado registraron las de 2008, con dos años (menos un día) de retraso.

La simiente. Asaja de Sevilla ha organizado para principios de febrero en Sevilla un congreso de agricultores europeos. No está mal conocer las opiniones de los colegas en vísperas de que comience a debatirse el presupuesto comunitario a partir de 2013 y, con él, la orientación que adoptarán las ayudas agrarias.

La paja. Qué poco ha tardado José Luis Rodríguez Zapatero en meter la pata en materia económica nada más estrenar la Presidencia de turno de la Unión Europea. Eso de proponer “medidas correctivas” para los países que no cumplan los objetivos públicos, entre ellos el déficit, ha suscitado el rechazo de Alemania, la locomotora económica de Europa. Mira que dar lecciones con las cuentas públicas que tenemos…

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A400M vivo o muerto

En el tira y afloja de cualquier proceso negociador, el recurso al arma de los medios de comunicación suele ser frecuente, sobre todo cuando se es consciente del impacto que pueden causar una sugerencia, una posibilidad o una hipótesis, en el contrincante. Thomas Enders, presidente del fabricante aeronáutico europeo Airbus, comienza a ser experto en estas lides, en especial cuando toca poner en cuestión el avión de transporte militar A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla. Más cauto se muestra el presidente del grupo en el que Airbus se integra, EADS, Louis Gallois, y quizás aquí influya el hecho de que el primero es alemán, y en su país el Gobierno es reticente a pagar el sobrecoste del programa, y el segundo, francés, Estado que se juega tanto como España en el éxito del aparato.

“Mejor un final con horror que un horror sin fin”. Aunque antes ya había advertido sobre la inestabilidad del A400M, debido a los retrasos acumulados por el programa y a los gastos adicionales que llevaba aparejados, estas palabras pronunciadas por Enders a finales de marzo pasado revelaban la preocupación que, en el seno de Airbus, existía sobre el aparato, pues los contratos firmados con los estados socios del proyecto no reportarían la financiación necesaria para sufragarlo por entero, con el riesgo de que la división militar arrastrara al abismo a la civil.

Pero aquí cabe un matiz. No sólo el A400M acumula demora, sino también el gigante de la aviación civil A380, que a su vez ha sufrido penalizaciones por entregas tardías e incluso cancelaciones de pedidos, y el aún nonato A350. Eso sí, la gran diferencia estriba en que los clientes de estos dos últimos son las aerolíneas comerciales (multitud), mientras que los del aparato militar son, por ahora, las Fuerzas Aéreas de Alemania, Francia, España, el Reino Unido, Turquía, Bélgica, Luxemburgo y Malasia.

Meses y meses, moratoria tras moratoria, lleva la compañía renegociando con los estados el precio del avión, a fin de cosechar el dinero adicional que cuesta el programa (estimado en 5.300 millones de euros), en medio de una crisis económica que dificulta los desembolsos inesperados con cargo a los presupuestos públicos. El tira y afloja ha entrado en su recta final, y de este mismo mes de enero debería surgir una solución, sin que hasta el momento la mayoría de los estados haya dicho esta boca es mía, y especialmente es Alemania la que calla. Comprometidos están todos, y más Francia y España, pero no a cualquier precio.

Y en este contexto se circunscribe la reciente sentencia atribuida a Enders que plantearía la paralización del programa del A400M porque, con la actual financiación, sin adaptarse a la nueva realidad del aparato (retrasos y evolución del mercado y de los costes de producción), es imposible seguir, so pena de agujerear las cuentas de todo el grupo aeronáutico. Pero aquí hay que recordar que los errores, como las demoras, no son atribuibles a los Gobiernos, sino al equipo técnico y los directivos que lo diseñaron, entre los que él mismo se encuentra. También pongamos énfasis en que esos estados, incluidas las administraciones autonómicas y locales (Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, entre otras), han aportado jugosos recursos a este proyecto. Y, por último, advirtamos de que no son pocas las expectativas que EADS ha levantado en la industria auxiliar andaluza, cuyas inversiones para adjudicarse encargos quedarían en agua de borrajas, y las incertidumbres generadas ahora entre los trabajadores.

Pero aún hay más. Si tanto teme Airbus por el A400M, no se entiende por qué no abortó la parafernalia desplegada el pasado 11 de diciembre en Sevilla para el primer vuelo del aparato hasta que, definitivamente, el horizonte financiero se hubiera despejado, ni por qué se trae el martes a la capital andaluza a decenas de periodistas europeos para hacer balance de 2009 y presentar sus estrategias para 2010. ¿Son los dos últimos cartuchos que quema la compañía ante los socios para demostrarles que esto funciona? Días antes del vuelo inaugural, hasta el propio Enders se fotografió ante el avión levantando sus pulgares para dar el OK a qué, ¿a un vivo o a un muerto?

P.D.

La parva. Que nada, que la situación de Astilleros de Huelva y Sevilla sigue empantanada, por mucho acuerdo que haya con los propietarios. Y es que los flecos son muy largos… La próxima semana asistiremos a otro rosario de reuniones y negociaciones. Parece el cuento de nunca acabar.

La simiente (I). Es la primera vez que la Consejería de Agricultura reconoce con celeridad los abultados daños del exceso de lluvias en el campo. Hasta a las organizaciones agrarias les ha cogido por sorpresa la rapidez de Clara Aguilera, frente a la prudencia de sus antecesores, temerosos de las protestas y reclamaciones de cantidad.

La simiente (II). Joaquín González se ha jubilado y deja la dirección general de Inmobiliaria del Sur, que queda en manos de un miembro de la familia Pumar, el principal accionista. Ha sido un directivo clave para esta compañía sevillana.

La paja. El nuevo abaratamiento del aceite de oliva en los mercados de origen vuelve a desatar la alarma entre los oleicultores, que consideran que no hay razones objetivas para esta tendencia a la baja, y sí mucha especulación.

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